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JUNTOS POR EL CAMBIO MANIFESTÓ SU PREOCUPACIÓN A LA CIDH POR LAS DECLARACIONES DE FREDERIC POR CYBERPATRULLAJE

Las autoridades de las comisiones de Comunicaciones e Informática, Karina Banfi; Libertad de Expresión, Waldo Wolff; Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna; y Seguridad Interior, Álvaro de Lamadrid, le enviaron una nota al titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

 

Diputados nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie sobre las declaraciones que realizó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, sobre el “cyberpatrullaje” que realizan las fuerzas de seguridad en las redes sociales para medir el “humor social” de los argentinos en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19.

La carta, que fue enviada en el transcurso de este jueves a la mañana, lleva las firmas de las autoridades de las comisiones de Comunicaciones e Informática, Karina Banfi; Libertad de Expresión, Waldo Wolff; Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna; y Seguridad Interior, Álvaro de Lamadrid.

En la misiva enviada a Edison Lanza, titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, los diputados de la oposición manifestaron que “hemos elevado un pedido de informes al gobierno nacional y, en cumplimiento de nuestro deber de funcionarios y funcionarias públicas, hemos decidido elevar la presente nota a vuestra honorable Comisión”.

Allí, destacaron que “lo preocupante de esta afirmación (la que confirma que todas las fuerzas realizan cyberpatrullajes) y sus consecuentes acciones- es que, en forma clara y directa, expresa la vocación del Poder Ejecutivo Nacional por auscultar las opiniones de ciudadanas y ciudadanos, con el potencial efecto de censura previa que esto puede provocar”.

Por otro lado, afirmaron que “estos acontecimientos recientes tensionan el principio de Libertad de Expresión al cual la Argentina se ha obligado a respetar en tanto Estado parte del Pacto de San José de Costa Rica, más aún considerando que este tratado de derechos humanos tiene rango constitucional en el territorio nacional desde el año 1994”.

También, agregaron que las afirmaciones de la ministra Frederic constituyen una violación a la Ley de Inteligencia Nacional y la Declaración de Chapultepec, como así también a documentos emitidos por la CIDH.