El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni fue claro y preciso al afirmar que para el próximo mes presentará un “paquete de medidas” donde lo fundamental será “la suspensión de ingreso de empleados públicos a la provincia”.
Lo elemental es que 27 años después, como en noviembre de 1990 volvió un plan de ajuste a la realidad chubutense. En aquella oportunidad, el gobernador peronista, Néstor Perl quedaba a la buena de dios, después de que el gobierno nacional que presidía Carlos Menem le había dado todas las “manos económicas” que podía darle y que el propio gobernador no supo administrar.
Otros recuerdan hasta hoy, que también existió una suerte de complot de parte de su entonces vicegobernador, Fernando Cosentino, quien desde Comodoro Rivadavia, dicen; ya venia con el serrucho en la mano y posibilitó el juicio político en contra de su gobernador, quien en noviembre abandonó el poder.
Un viejo militante del guinlismo, indicó que “en ese momento todo estaba sobrepasado, habían áreas que no tenían un peso ni para el combustible de los autos oficiales. Fue un desastre que Cosentino intentó controlar pero no alcanzó y nos comió el futuro del peronismo por una década”.
Un pacto con el diablo?
El ministro de Economía del Chubut, Pablo Oca, destacó que lo acordado en el nuevo “pacto fiscal” fue “satisfactorio” en términos de impacto directo para Chubut. Y la recuperación de 1300 millones de pesos éste año y un equivalente en los años subsiguientes en concepto de juicio iniciado por la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano Bonaerense.
Tal vez a primera vista eso resulte beneficioso, pero ahora que todos “los papeles” están firmados habrá que ver como avanza el gobierno nacional del Presidente, Mauricio Macri. Responderá positivamente a lo firmado o será una mentira más como cuando en plena campaña electoral del 2015 prometió eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, cosa que jamás ocurrió. El tiempo lo dirá y el futuro mostrará si es mejor o peor. Por lo tanto, prendamos velas a los santos.
