Por Santiago Costa
El último fallo dividido de la Corte Suprema de la Nación, referido a la salida anticipada de prisión de los represores condenados por haber cumplido parte de su pena sin sentencia –o sea, en prisión preventiva mientras se desarrollaba el lento proceso-, tomó por sorpresa a la sociedad.
Rápidamente se expandió el repudio generalizado no solo desde los organismos de derechos humanos, sino desde la sociedad civil en general. Incluso algunos funcionarios del ejecutivo –como el ministro de Justicia, Germán Garavano- o periodistas y abogados constitucionalistas afines a la Casa Rosada mostraron perplejidad y malestar.
El fallo es jurídicamente insostenible ya que aplica criterios de la justicia penal ordinaria a delitos de lesa humanidad que se siguen cometiendo en tiempo real mientras esto se escribe, como la no restitución de los niños apropiados o los cuerpos de sus padres para confirmar su muerte y ejecutores.
Muchos ven la mano del gobierno nacional detrás de este fallo. Un “favor” a sus amigos. También una curiosa coincidencia con el reciente pronunciamiento de la Iglesia argentina en pos de una “reconciliación” imposible entre víctimas y victimarios sin previa justicia, castigo y sincero arrepentimiento de por medio.
Sin embargo no conviene mezclar demasiados factores que fácilmente llevan a pensamientos conspirativos porque simplifican y vuelven mecánicos fenómenos sociales complejos, acumulando gratuitamente gente y fuerzas enfrente, que tienen contradicciones en su interior. En política como en la vida, el que mucho abarca, poco aprieta.
La inicial convocatoria de los organismos de derechos humanos a marchar el miércoles 10 desde Congreso a Tribunales fue una lúcida maniobra para dirigir la indignación ciudadana a donde en este caso corresponde: la Corte Suprema. Una pena que se haya cambiado el destino final de la marcha.
Ubicar el centro de gravedad del dispositivo pro impunidad es el primer paso indispensable. Luego, corresponde la acumulación de fuerzas propia, siendo en este caso intentar una convocatoria lo más amplia posible, lo que en términos reales se traduce como no kirchnerizar la marcha.
El movimiento de derechos humanos acumuló con su lucha de cuarenta años un prestigio y prédica social que construyó la Memoria y la condena social en torno a los represores. El gobierno de Néstor Kirchner sumó la Justicia como política pública, derogando las leyes de impunidad e impulsando los juicios.
La amplia mayoría de la ciudadanía argentina condena el golpe de estado de 1976, defiende la democracia y está a favor de la reclusión de los represores y la restitución de los nietos apropiados. Kirchnerizar la marcha es quitarle transversalidad, potencia, amplitud, espesor.
Pensar que todos lo que votaron a Mauricio Macri son contrarios a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia es un grueso error. Hay que sumarlos a esta plaza (y eso vale para los demás partidos: el peronismo en sus distintas variantes, la izquierda, los radicales, etc.). Amplitud es tratar de borrar en este tema la “Grieta” que existe entre las fuerzas políticas en otros temas y será difícil lograrlo cantando “Macri basura vos sos la dictadura”.
¿Qué hacer en las provincias?
Si bien en este país “Dios está en todas partes pero atiende en capital”, estas causas se tramitan en juzgados federales en las capitales y grandes ciudades de todas las provincias.
A veces creyendo que desde lejos no se influye en la pelea (salvo que se saque un colectivo con compañeros hacia la única Plaza que se escribe con mayúscula), se hacen marchas simbólicas, testimoniales. Para cumplir.
Una marcha política siempre es una demostración de fuerzas y tiene como objetivo modificar al menos la correlación de fuerzas en la opinión pública. Pero esta vez la opinión pública ya está a favor. ¿Cómo ser concretos y pragmáticos con pocas acciones pero decisivas?
Chubut
Se avanzó mucho pero aún falta mucho por avanzar. Causas emblemáticas como la Masacre de Trelew (tres condenados con prisión domiciliaria), los secuestros de Amaya y Solari Yrigoyen (dos condenados con cárcel común) y el homicidio del conscripto Diéguez en el Regimiento 25 de Sarmiento (dos condenados a perpetua con arresto domiciliario) así lo demuestran.
Falta lograr que el juez Guillermo Lleral eleve a juicio oral y público la causa por el secuestro y la desaparición del docente Ángel Bel para que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia ponga fecha a las audiencias.
¿Qué va a pasar con Raúl Noziglia, único procesado con prisión preventiva en su casa de Capital Federal por la causa que busca determinar si la Base Almirante Zar de la marina fue un centro clandestino de detención?
¿Qué va a pasar con la causa que busca establecer si Ricardo Jesús Mejías, ex jefe de la U-6 es culpable de la apropiación de un hijo de desaparecidos?
¿O con la que busca demostrar que la U6 torturó sistemáticamente detenidos y por la que hay 27 ex militares de la zona procesados?
¿Qué pasará con los 16 imputados por vejaciones en el Regimiento 8 de Infantería General O´Higgins de Comodoro Rivadavia, probable ex centro clandestino de represión?
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro (instancia que revisa los fallos de los jueces federales de Rawson -Hugo Sastre-, Esquel -Guido Otranto- y Comodoro Rivadavia –Eva Parcio-), compuesta por los jueces De Ibarra, Suárez y Corchuelo de Huberman, es la última instancia en Chubut.
¿No conviene ir a los Juzgados Federales de las capitales, para hacer saber a los jueces federales que si en tu provincia sueltan a los represores va a haber lío?
Hay que enfocarse en una sola cosa y en un solo lugar. Nuestros ojos sobre todos ellos.
