Es porque no tiene servicio médico. Lo dispuso el Juez Yanguela tras un habeas corpus presentado por la Defensa Pública.
El Instituto Penitenciario provincial 1, ubicado sobre Ruta 3 entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, podría ser clausurado sino regulariza la situación de contar con personal médico.
La medida se dispuso tras un habeas corpus colectivo de las personas alojadas en el instituto ante la suspensión del servicio médico, el cual fue presentado por la defensora pública Luciana Cappone. “Presentamos el habeas corpus colectivo correctivo en razón de haber tomado conocimiento de la suspensión del servicio médico que se prestaba en el instituto penitenciario. Durante la jornada de ayer nos elevaron una nota suscripta por el comisario Urrutia, donde nos informaban que el servicio médico se había retirado por falta de pago desde el 11 de noviembre, lo cual perjudica la situación de detención de los detenidos alojados allí, no solo de quienes tienen padecimiento crónico y merecen atención médica permanente, como así también suelen ocurrir situaciones violentas, con heridos con elementos cortopunzantes. La distancia que separa el centro de atención más cercano constituye un agravamiento en las condiciones de detención”, indicó la defensora.
En la audiencia de habeas corpus estuvo presente la funcionaria fiscal María Eugenia Vottero y el comisario José Pailacura, segundo jefe del Instituto, quien brindó detalles ante el juez Horacio Yangüela: “El día sábado 11 a las 16 horas, la empresa Cuidados retiró la ambulancia y los enfermeros, pero ya venían con retención de servicio de días antes”, informó Pailacura, y sostuvo que “uno no sabe cuándo puede producirse un inconveniente en los pabellones, por lo que es riesgoso no tener una ambulancia”
Graciela Trovato, directora de políticas penitenciarias, también presente en la audiencia, informó que se reunió “con el ministro solicitando los fondos, porque había una deuda de seis meses. Pero todavía no se liberaron los fondos”. “Es indispensable contar con presencia de un personal médico por la cantidad de personas en el lugar y por algunos cuadros complejos”, agregó la médico forense Vanina Botta, también citada a la audiencia.
El juez de ejecución Horacio Yangüela, tras escuchar a las partes, dispuso intimar a que en el plazo de 72 horas se regularice la situación, contando con un cuerpo de enfermería, un profesional médico y una ambulancia, bajo apercibimiento de clausurar el lugar por no darse las condiciones adecuadas y mínimas para la detención de personas.
