El Consejo Federal de DDHH, reunido a finales de mayo en Salta, ha advertido y expresado su preocupación por las crecientes versiones, en aquel momento, fundadas en expresiones de funcionarios del gobierno nacional, respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior.
En ese momento dijimos unánimemente todas las provincias participantes que dicha incumbencia era totalmente prohibida por las leyes sobre materia de Seguridad y Defensa y que no se ajustaba a estándares internacionales de DDHH constituyendo una amenaza al Estado de derecho democrático.
Hoy esa amenaza se constituyó en una lamentable realidad.
Por eso, ante la decisión de la modificación del Sistema de Defensa de nuestro país, realizado por el Presidente de la Nación en el ex centro clandestino de detención Campo de Mayo, manifestamos una vez más, nuestra gran preocupación y ferviente rechazo respecto de esta medida presidencial, que retrotrae los avances en materia de derechos humanos logrados por Argentina después de la época más oscura como fue la dictadura cívico-militar.
La decisión de dar facultades a las FFAA en la seguridad interior se opone a los avances logrados recuperada la democracia por diferentes fuerzas políticas, como fueron las leyes de defensa nacional y seguridad interior de 1988 (sancionada por el gobierno radical de Raúl Alfonsín) y 1991, respectivamente (sancionada durante el gobierno justicialista de Saúl Menem), y el decreto 727 de 2006 (durante la gestión del presidente Néstor Kirchner). Con la clara visión de que un país debe construirse con el respeto irrestricto de los derechos humanos y del sistema democrático.
Esta decisión, con la historia que hemos vivido argentinos y argentinas y con los hechos represivos ocurridos en el último tiempo en manos de fuerzas nacionales, no hace más que traer nuevamente el terror a nuestra sociedad, que mantiene la conciencia viva de lo que significaron los golpes de Estado, las desapariciones, las torturas y las muertes.
La seguridad de un país debe asentarse sobre la inclusión social, la educación, el trabajo y la salud, jamás sobre un sistema represivo.
La deuda que tiene el Estado Nacional siempre será con el pueblo argentino y con el sostenimiento inclaudicable de la democracia.
Por ello, solicitamos se revea la decisión tomada, para que podamos continuar por el camino de nuestras Madres y nuestras Abuelas, que es el camino de los Derechos Humanos y la Democracia.
Erika Brunotto – Secretaria de Estado de DDHH de Tucumán
Delfor ” Pocho” Brizuela – Secretario de DDHH de La Rioja
Nadia Astrada – Secretaria de DDHH de Santa Cruz
Antonio Curciarello – Secretario de DDHH de La Pampa
Hernán Velárdez Vaca – Director de DDHH de Catamarca
Jorge Rodríguez – Subsecretario de DDHH de San Juan
José Rodríguez – Director de DDHH de San Juan
Lilia Marien Marchesini – Ministra de DDHH de Misiones
Chochi Vázquez – Subsecretario de DDHH de Misiones
Hugo Raúl Figueroa – Secretario de DDHH de Santiago del Estero
Juan Carlos Goya – Secretario de DDHH de Chaco
Néstor Sotelo – Subsecretario de Protección de Chaco
Silvia Robles – Subsecretario de Verdad y Justicia de Chaco
Julio García – Subsecretario de Promoción de DDHH de Chaco
Matías Germano – Secretario de DDHH de Entre Ríos
Secretaría de DDHH de Santa Fe
María Sylvina Arauz – Subsecretaria de DDHH de Formosa
Raúl Sánchez – Secretario de DDHH de Córdoba
Duilio Minieri – Secretario de DDHH de Río Negro
Carla Sánchez Galindo – Subsecretaria de DDHH de Chubut
Alicia Comelli – Subsecretaria de DDHH de Neuquén
