Tres proyectos de ley que se presentaron en Senadores y en Diputados promueven la continuidad del debate parlamentario luego del rechazo en la Cámara Alta a la interrupción voluntaria del embarazo. Por un lado, diputada Mónica Macha propuso la creación de un registro que garantice la producción de estadística sanitaria en materia de muertes, internaciones y complicaciones por efecto de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en condiciones inseguras. En esa sintonía, la senadora Nancy González propuso un régimen de reparación económica para hijos e hijas de madres muertas por abortos clandestinos. Además, el diputado Daniel Filmus planteó la necesidad de que el Estado garantice la producción pública de medicamentos para la realización de las prácticas farmacológicas de interrupción legal del embarazo ya previstos en la ley y en el Código Penal. Los tres cuentan con un aval transversal de bloques políticos, tal como expresó el debate en los recintos. Los textos completos y qué dicen en diálogo con la lavaca.
Pasaron dos meses del rechazo en el Senado al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo por 38 votos a 31, más dos abstenciones, pero el debate, como quedó claro el 8A con las calles teñidas de verde por las dos millones de personas que exigían que en Argentina el aborto fuera legal, seguro y gratuito, está lejos de clausurarse.
En ese sentido, tres proyectos de ley reanudan la discusión.
Uno fue presentado el 23 de agosto por la senadora chubutense Nancy González (Frente para la Victoria – PJ), y propone la creación de un régimen de reparación económica para hijos e hijas de madres muertas por abortos clandestinos.
El segundo es del diputado nacional Daniel Filmus (Frente para la Victoria), que exige que el Estado garantice la producción pública de medicamentos para la realización de las prácticas farmacológicas de interrupción legal del embarazo ya previstos en la ley y en el Código Penal.
El tercero es de la diputada nacional Mónica Macha (FpV), que exige un registro de producción de información estadística sanitaria sobre muertes, internaciones o complicaciones de IVE en condiciones inseguras.
Los tres textos apuntan contra un mismo actor clave: el Estado.
Producir información
El proyecto de la diputada Mónica Macha apunta a garantizar “la producción de información estadística sanitaria en materia de muertes, internaciones y complicaciones sanitarias producidas por efecto de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en condiciones inseguras”. Para ese objeto, el artículo 2 propone la creación de un Registro que funcione en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para recolectar, procesar y analizar esa información. El texto pone en la órbita del Estado proveer de forma sistemática:
* Cantidad de internaciones en establecimientos de salud públicos y privados, indicando el plazo de internación y nivel de complejidad del cuadro de salud de la persona internada.
* Grado de severidad y tipo de complicaciones sanitarias producidas por efecto de la IVE.
* Cantidad de muertes producto de IVE en condiciones inseguras.
* Todo dato sociodemográfico “que se estime pertinente para evaluar, en forma semestral y desde un punto de vista sanitario, las consecuencias para la salud de las personas, y sus familias, de la práctica de interrupción voluntaria del embarazo en condiciones inseguras”.
El proyecto también contempla “tomar los recaudos necesarios para salvaguardar el anonimato y la confidencialidad” de los datos recabados que, subraya, deben ser procesados y utilizados por el Ministerio sólo con fines estadísticos.
En diálogo con lavaca, la diputada Macha explica la importancia del texto: “En principio, las estadísticas que nosotras siempre manejamos son los que lograron construir, a lo largo de estos años, instituciones como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) o el CELS, en base a datos de instituciones sanitarias que iban produciendo, pero siempre estuvo presente a lo largo del debate de la ley no contar con información certera. En ese contexto, nos reunimos con la Campaña y acordamos que más allá de no tener todavía ley, hay que seguir con proyectos que permitan avanzar en derechos que puedan ir generando un mejor escenario para cuando volvamos a discutir el proyecto en cuestión”.
Macha explica por qué el texto ubica en un eje central al Estado: “Es su responsabilidad garantizar derechos y acciones que protejan la vida y salud de las mujeres. Por eso es importante que se pueda registrar sin datos filiales cuántas mujeres llegan por abortos clandestinos o inseguros, cuántas de ellas terminan con una discapacidad o con una mutilación, cuántas mueren como consecuencia de esas prácticas”.
La falta de una estadística fue uno de los argumentos de los sectores antiderechos, así como lo fue la ausencia de Educación Sexual Integral en las escuelas. Sin embargo, ese sector está presionando para retroceder en los debates conquistados de la ESI. ¿Qué ocurrirá en este caso? Macha: “Ese sector pretende que se vuelva al closet, al tabú y a la estigmatización. En definitiva, quedó claro que sólo se oponen a hablar de estos temas, que son derechos fundamentales para la vida de las personas. Este tema ya está en el debate social y es parte de los derechos a conquistar, sobre todo de mujeres jóvenes. Tenemos mucho por andar”.
La reparación histórica
El proyecto de la senadora González, titulado Ley de reconocimiento y reparación a los niños, niñas y adolescentes cuya progenitora o persona gestante haya resultado muerta como causa de embarazo finalizado en aborto, tiene 12 artículos:
* Crea un Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes menores a 21 años o personas con discapacidad.
* La suma del monto abonado por el Estado debe tener un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles, hasta que su titular alcance los 21 años. La reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de pensiones y alimentos, y otras asignaciones familiares.
* Designa una Autoridad de Aplicación para garantizar los objetivos de la ley.
“Hace pocas semanas desde esta Honorable Cámara, tuvimos la responsabilidad de votar sobre una de las leyes más emblemáticas de los últimos años: la interrupción voluntaria del embarazo”, comienzan los argumentos del proyecto dirigido a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti. “Si bien el proyecto no resultó votado afirmativamente por la mayoría de las y los legisladores, es innegable el proceso sumamente democrático llevado a cabo, desde que fue puesto en la agenda legislativa, en febrero de este año. Durante todos estos meses, hemos escuchado 738 exposiciones en la Cámara de Diputados y 145 en la Cámara Alta para reconocer y delimitar una problemática precisa: las consecuencias a las que se enfrentan las mujeres y los cuerpos gestantes de la Argentina ante su decisión de no continuar un embarazo y la posibilidad de perder la vida en un aborto clandestino”.
El proyecto cita, entre otras cosas, la información oficial presentada por el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, que precisó que sólo este año en Argentina hubo 43 muertes por embarazos finalizados en aborto. Menos de una semana después del rechazo en el Senado, dos mujeres murieron en Pacheco y en Pilar, al norte del conurbano, por abortos clandestinos. “Dicha situación no puede hacer otra cosa que interpelarnos y abocarnos con la mayor celeridad a nuestra tarea de legislar y otorgar respuestas”, apunta el texto, que menciona como antecedente el Régimen de Reparación para la Niñas, Niños y Adolescentes hijxs de víctimas de femicidio –conocido como Ley Brisa-, promulgada en julio.
“Es importante detenernos y enfatizar que aquí no se trata de cifras, sino de la vida cotidiana de niñas y niños de carne y hueso; de la posibilidad de otorgarles, al menos, un reconocimiento y la contención necesaria para que puedan desarrollar su vida y sus derechos plenamente”, sostiene el proyecto.
Y cierra:
* “Hemos intentado evitar las muertes mediante la legalización del aborto y no lo hemos logrado. Pero nos ha quedado un legado, y es el de proteger al menos a los hijos e hijas de esas mujeres que el Estado no pudo salvar. Resulta como nuestra urgente tarea dar respuesta concreta a esas familias y a la sociedad en general, otorgando este reconocimiento y acompañamiento a los niños y niñas víctimas colaterales de este flagelo que deriva de la clandestinidad”.
El Estado es responsable
El proyecto que presentó Filmus es conciso:
* “El objeto de esta ley es garantizar la producción pública de medicamentos esenciales para la realización de las prácticas farmacológicas de interrupción legal de embarazos”, establece en su artículo 1.
* Detalla que es el Estado quien debería hacerse cargo de la producción de misoprostol y mifepristona, los dos principios activos cuya combinación es “la forma más segura y efectiva de realizar una interrupción voluntaria del embarazo”, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
* El texto apunta a que la producción se realice en laboratorios de Producción Pública de Medicamentos que integren la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
* También considera la producción de medicamentos que, por avances científicos, a futuro resulten indicados para el reemplazo de estos dos principios activos.
* Ubica al Ministerio de Salud como el responsable de garantizar la distribución de los medicamentos a todos los efectores que componen el sistema nacional público de salud, priorizando los servicios de atención primaria.
* Establece que el Ministerio debe incluir los medicamentos en el Plan Médico Obligatorio (PMO) y en el vademécum de los programas de cobertura gratuita.
* Y destaca que apunta a garantizar la producción pública sólo para los casos de interrupción voluntaria del embarazo (ILE) previstos por el artículo 86 del Código Penal y su interpretación judicial del fallo FAL en 2012, lo que motivó a que varias provincias contaran con protocolos ILE.
“El proyecto es para que el Estado se haga responsable de la fabricación de las drogas que permitan a las personas ya incluidas dentro del aborto no punible la posibilidad de acceder al derecho de interrumpir su embarazo”, explica Filmus en diálogo con lavaca. “En cuanto al misoprostol, durante los debates quedó en claro que es muy difícil de conseguir, muy cara, que no se está fabricando en Argentina y hay una imposibilidad de acceso para la gran mayoría de la población. La mayor parte de los abortos no son quirúrgicos sino que se realizan a partir de la utilización del medicamento, y si efectivamente es un derecho el acceso de aquellas personas contempladas por ley al aborto no punible, la única forma de garantizarlo es que la fabricación no esté a cargo del mercado sino que sea el Estado quien garantice su presencia”.
El texto fue acompañado por otrxs 15 legisladorxs de distintos espacios políticos, como Daniel Lipovetzky, Victoria Donda, Brenda Austin, Araceli Ferreyra y Cecilia Moreau.
Recuerda que la OMS considera al misoprostol como un medicamento esencial desde 2005, pero la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó recién este año a que la droga sea de uso obstétrico en condiciones hospitalarias. De todas formas, hoy sólo la comercializan dos laboratorios. En tanto, la producción y comercialización de mifepristona no está autorizada en Argentina. En ese sentido, Filmus destaca a lavaca la experiencia del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe (LIF), que desde 2013 trabaja en la fabricación de misoprostol y estará en condiciones de abastecer al sistema público de todo el país. También, el laboratorio público Profarse, de Río Negro, anunció que desarollarán el medicamento a partir del año que viene.
“Resulta importante mencionar que la OMS estima que garantizar prácticas de interrupción legal de embarazos sin riesgos a través del uso de misoprostol es considerablemente menos costoso que el tratamiento quirúrgico tradicional, porque en su mayoría las interrupciones se realizan de manera ambulatoria y sin generar complicaciones de salud”, argumenta el texto. Y aporta datos: “Según cifras oficiales, mientras el costo de una ILE es de $11.500, a través del método seguro costaría $1914”.
En tanto, Filmus subraya que el proyecto apunta a no clausurar el debate después del Senado: “No somos de la idea en la que como el Senado votó en contra, hay que congelar el debate durante dos años hasta que cambie la composición de la Cámara. Hay un conjunto de temas sobre los que ya hay consenso y se puede avanzar en conseguir mayorías y aprobarla. En este caso hubo un consenso enorme, y era necesario reafirmar en casos de aborto no punible. Sabemos que no es un proyecto de discusión fácil. Esperamos que se coloque en debate. Y que participen organizaciones de la sociedad civil para que pueda aprobarse”.
