Más empresarios denunciados en la causa “Revelación” podrían recibir el beneficio de la probation que es la posibilidad de que a cambio de que sus empresas constructoras realicen una pequeña obra, ellos quedan automáticamente libres de culpas y disfrutando nuevamente de su vida de hogar.
La información que ya es vox populi en todo el Valle del Chubut ha ocasionado “broncas sociales” y dejó al descubierto que en la provincia del Chubut la injusticia está a la orden del día y “todo vale” al momento de ser honesto o deshonesto. Todo da igual en la tierra donde el Partido oficialista Chubut Somos Todos creó una banda de funcionarios que cometieron fraude al Estado en más de 100 millones de pesos.
La lluvia de imputados en las dos causas más importantes del 2018 cuenta con un listado de figuras destacables que durante los años de gestión dasnevista fueron protagonistas como los ex ministros, Victor Cisterna, Pablo Oca, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani, Alberto Gilardino; el ex subsecretario de Unidad Gobernador, Diego Correa y el ex secretario privado, Gonzalo Carpintero.
A estos personajes hay que sumarle a los señores empresarios, que mas allá que alguno haya quedado en libertad, es necesario saber y entender que formaron parte del acccionar corrupto histórico en la política chubutense. Juan Villegas, Federico Piccione, Eseban Torraca, Daniel Ruso, Juan Salaberry, Oscar Peña, Andrés Ninín y Patricio Musante son los colaboradores fundamentales que ocasionaron la maquinaria ilícita de “retornos” o el manejo de la caja negra de la política.
El escrache social
Y la condena social se ha desatado en las últimas semanas, cuando el mismo Musante la sufrió al acercarse a un comercio y fue abucheado e insultado por ser “un ladrón fino” que engañó a la sociedad. Ni hablar de los empresarios comodorenses a los cuales la comunidad de la ciudad petrolera los quiere ver con traje a rayas.
El tiempo dirá si realmente la injusticia sigue firme sin rumbo final y dejándole la puerta abierta a malversadores de fondos y creativos de asociaciones ilícitas. Esperemos que no, por el bien de los 600 mil chubutenses.
