La diputada del PJ-FpV, Gabriela Dufour presentó un proyecto de ley derogando el Decreto N° 136/19 del Poder Ejecutivo del Chubut que “estableció una barrera o frontera en los límites provinciales que impide el ingreso, tránsito y permanencia de una categoría de personas: Los ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero”, según fundamentó.
Refiere que “reforzando en los artículos siguientes una supuesta orden de realizar todas las medidas conducentes a la expulsión y prohibición del ingreso a la Provincia del Chubut”.
“El abogado Enrique Hidalgo, en una nota periodística en el portal “El Cohete a la Luna” realiza un análisis jurídico y ético de la norma y creo que es la mejor fundamentación, ya que no podrá negarse, que no tiene ningún interés político ni electoral, sino por el contrario, sólo busca que los chubutenses tengamos claro las aberraciones jurídicas que se realizan con el dictado de esta norma por parte del Ministro de Gobierno de nuestra provincia y el Gobernador Arcioni”, manifiesta Dufour.
“Desde el punto de vista moral, la medida es aberrante porque constituye una clara discriminación xenófoba, pero lo más grave es que los datos estadísticos del Poder Judicial del Chubut confirman que no hay mayor proporción de extranjeros incursos en la comisión de delitos, desautorizando los fundamentos de la norma emitida”, sostuvo para citar al respecto que “las estadísticas oficiales del STJ establecen que el 3% de extranjeros están comprometidos en delitos penales”.
“Aduana de personas o frontera interior”
Desde la óptica jurídica-institucional, la diputada Dufour refiere que dicha normativa “viola las garantías individuales que la CN reconoce a los extranjeros en los artículos 20 y 21; desconoce el derecho al libre tránsito que prevé el artículo 14 y pretende ejercer facultades que son exclusiva del gobierno nacional, como lo son el ejercicio de reglar las relaciones exteriores”, además de plantear que “crea una aduana de personas o frontera interior”.
“Hacer efectivo el citado decreto impediría el ejercicio de lo establecido en la Constitución en relación al libre derecho a transitar, a radicarse, a ejercer industria lícita, trabajar, es decir, el ejercicio de los derechos civiles de los
ciudadanos que intenta restringir con el dictado de esta norma”, expresa en sus argumentaciones contra dicho decreto provincial la legisladora Gabriela Dufour que, consecuentemente con sus críticas afirmaciones, propicia “derogar el Decreto 136/19 emitido el 6 de febrero de 2019”.
