El diputado nacional y candidato a gobernador por Cambia Chubut presentó un proyecto para que durante 360 días la empresa suspenda todas las medidas judiciales. Y cuestionó con dureza la intención del Gobierno de Arcioni de hacerse cargo de la deuda de más de 3.000 millones de pesos.
El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó en el Congreso de la Nación un proyecto en el cual pidió a Cammesa que deje sin efecto los embargos y que suspenda toda medida cautelar contra las cooperativas de la provincia por 360 días. Además criticó la intención del Gobierno de Arcioni de absorber la deuda de las entidades por un total de más de 3.000 millones de pesos. “Hacerse cargo de una deuda de privados es lo que hizo Cavallo” en la dictadura, “cuando estatizó la deuda externa y se la cargó a todos los argentinos”, dijo Menna.
“Hemos presentado un proyecto solicitando que se dejen sin efecto los embargos de Cammesa y en suspenso todo tipo de medida cautelar contra las cooperativas por el plazo de 360 días, como modo de contribuir a que pueda alcanzarse una solución negociada entre las partes”, explicó el diputado nacional y candidato a gobernador por Cambia Chubut.
La iniciativa fue presentada este miércoles, bajo el número 1982-D-19, y contó con el acompañamiento de las diputadas nacionales Brenda Austin (Córdoba) y Lorena Matzen (Río Negro).
Menna consideró que “las situaciones que llevaron a semejante endeudamiento por parte de algunas cooperativas deben ser determinadas y explicadas a los usuarios, como así también determinarse las responsabilidades”.
“No son iguales”
El legislador nacional diferenció distintas situaciones y afirmó que los casos de las cooperativas “no son iguales”. “La Cooperativa de Gaiman, por ejemplo, no tiene deuda”, mencionó, y agregó: “La de Sarmiento está afectada por la deuda que con la entidad tiene la Provincia. Es decir, la Cooperativa de Sarmiento le debe a Cammesa porque el Gobierno Provincial le debe millones a la cooperativa”.
En este contexto, además, calificó como “una barbaridad” el hecho, anunciado por la administración de Arcioni, “que Estado Provincial se haga cargo de la deuda de entidades privadas”, ya que “eso implicaría que los contribuyentes e incluso los usuarios que pagaron sus facturas, vuelvan a pagar ese costo”.
“Además -enfatizó Menna- es una propuesta inviable”, porque “la Provincia no paga sus facturas y deudas como usuario de varias cooperativas, como tampoco les paga al resto de sus proveedores”.
En este sentido puso como ejemplos que la Provincia “le debe millones al generador de Río Mayo y Gobernador Costa, lo que provocó que se rescinda el contrato”. Sin embargo, manifestó, “por otro lado anuncia sin dar ninguna precisión ni detalle que pretende asumir frente a Cammesa una deuda de más de 3.000 millones de pesos. Se viene hablando de esto desde hace meses y no se muestra un solo documento o al menos un borrador que permita saber qué se plantea o de dónde saldrían los fondos”.
Deuda estatizada
En este contexto sostuvo: “Hacerse cargo de una deuda de privados es lo que hizo Cavallo en el Proceso, cuando estatizó la deuda externa y se la cargó a todos los argentinos. No estamos de acuerdo con una solución a lo Cavallo”.
“Si realmente hay disponibilidad de esos fondos -continuó el diputado nacional- deberían destinarse a invertir en la mejora del servicio, en solucionar el colapso de los servicios en el interior, a llevar adelante inversiones en infraestructura de transporte eléctrico para terminar con los sistemas aislados en el mediano y largo plazo”.
En relación con su proyecto de Declaración, Menna planteó, ante la situación actual, que “como no se les puede hacer pagar a los usuarios las consecuencias de tantos años de malas políticas de la Provincia, de ciertos municipios y de la politización de algunas cooperativas, creemos que es necesario solicitar a Cammesa que deje sin efecto los embargos y abra una instancia de conciliación que evite poner en peligro la prestación y continuidad del servicio”.
Recordó en este contexto que, por sus gestiones, la AFIP dictó “una resolución de emergencia suspendiendo medidas cautelares y de ejecución contra los contribuyentes”, y consideró que, en la actual situación, “también Cammesa debe tener el mismo gesto para ordenar esta situación de la única forma que se puede hacer tratándose de un servicio público esencial, que es por la vía del diálogo”, finalizó.
El proyecto
En los fundamentos de su proyecto de Declaración, Menna argumentó que frente al hecho de que Cammesa hizo público el inicio de acciones judiciales contra las cooperativas de Chubut deudoras, en algunos casos desde larga data, “y sin poner en tela de juicio el derecho que le asiste para tal proceder por tratarse de obligaciones emergentes de compras de energía mayorista que se distribuyó y cobró a los usuarios de cada ámbito de concesión, resulta esencial poner a resguardo el derecho de los usuarios a no ver afectada la regularidad del suministro de energía eléctrica, por tratarse de una garantía que hace a condiciones dignas de vida y, además, tratarse de derechos tutelados por el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
“Ante la promoción de medidas cautelares contra determinadas cooperativas concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica que prestan el servicio en distintas localidades de Chubut sujetas a concesiones de los municipios, medidas que por sus características podrían eventualmente traducirse en la imposibilidad de darle continuidad a la operación por parte las concesionarias, se hace necesario recrear un espacio de negociación y conciliación que permita que las partes puedan acordar un plan de pagos sin afectar el derecho de los usuarios a la regularidad, continuidad y permanencia del servicio”, agregó Menna.
Ante ello, teniendo en cuenta que “la cuestión excede el marco de la relación bilateral entre Cammesa y cada cooperativa distribuidora para involucrar el derecho de los usuarios de cada ciudad ámbito de concesión”, sostuvo el candidato a gobernador, “resulta prudente y de toda justicia dejar en suspenso las medidas cautelares existentes y la promoción de nuevas medidas, dando lugar a una instancia siempre admisible en todo diferendo judicializado, como lo es el de la conciliación entre las partes”.
