Nuestra provincia está inmersa en una crisis económica, institucional y política que ha paralizado el funcionamiento del Estado, avasallado los derechos de los trabajadores públicos y afectado la calidad de vida de los chubutenses.
Hay paro en las áreas de salud, educación, justicia, en la administración central, cortes de ruta en toda la provincia que incluyeron detenciones a dirigentes gremiales, pago tardío y escalonado de sueldos y jubilaciones que-además- se abonan sin los aumentos pactados, corte de la obra social Seros, denuncia penal de Magistrados al Gobernador, al Ministro Coordinador y al Ministro de Economía, y todo esto con impacto en el sector privado, falta de pago a proveedores del Estado y a partir de allí un grave efecto dominó para el giro de comercios y pymes.
En lo que va del 2019 llevamos perdidos 20 días de clases en las escuelas públicas, que nos remontan al terrible antecedente inmediato del 2018 con 78 días de clases perdidos, mientras en los últimos tres meses tuvimos tres ministros de economía distintos en medio de una irresponsable incertidumbre fiscal que nos enfrenta a un conflicto social sin solución de continuidad. Todo esto en un mismo gobierno, el que ha sido reelecto hace dos meses por cuatro años más.
Qué espera la ciudadanía chubutense? Que el gobierno asuma sus responsabilidades y cumpla con sus obligaciones en tiempo y forma, que los funcionarios respeten y cumplan las normas, que rindan cuentas de su gestión, que se informe verazmente la situación fiscal de la provincia y las medidas y planes concretos para abordar la crisis, y sobre todo, conciencia y empatía social.
La situación es de gravedad extrema y quienes tienen responsabilidades de gobierno deberán hacerse cargo con total transparencia en las cuentas públicas, sinceramiento fiscal, fortalecimiento de los mecanismos de control y promoviendo el diálogo y acuerdos políticos en pos de trabajar en políticas públicas de fondo que permitan resucitar a la provincia.
En este contexto no se le puede pedir a los chubutenses afectados en su dignidad, “sangre, sudor y lágrimas” para acompañar las nefastas consecuencias de las malas administraciones de gobierno y mucho menos aún, pretender sancionar a los trabajadores públicos por defender sus derechos en este contexto.
Resulta claro que no se llega a este estado de crisis de un día para el otro, tan claro como que hay medidas que la profundizan y agudizan aún más. En este sentido, en una reciente publicación del día 17/08/19 de la redacción del diario El Chubut titulada: “«Los recursos fueron mal administrados y se tomó endeudamiento sin planificación», dijo Antonena”, se difundieron algunas declaraciones efectuadas por el flamante Ministro de Economía (el tercero en tres meses), que sorprenden por su liviandad siendo funcionario de gobierno. Allí el Ministro expresó:
“tenemos recursos que son escasos y que de alguna manera fueron mal administrados. Se tomó endeudamiento que no se planificó, se utilizaron herramientas no con los fines que realmente se tendrían que haber tomado”.
“el mayor problema es el conflicto interno, los sueldos que están sobredimensionados…si gastás 10 y te ingresan 5, estás en problemas, y así es la economía de la provincia, esto ha sido así durante años por mal administrar y gestionar”.
“en realidad tenemos que pagar 3.300 millones de pesos» de masa salarial» porque «si en el 2003 eran 23 mil empleados públicos entre activos y pasivos, ahora son casi 60 mil, y los ingresos no acompañaron el incremento de la masa salarial”.
A todo esto debería agregarse que 4 de esos 16 años desde el 2003, son del actual gobierno que integra el Ministro y que sólo en un año aumentó el 113% la masa salarial.
Entonces Ministro, quiénes son los responsables de este desmadre? Qué medidas y políticas concretas fueron las que se tomaron durante todos estos años que han provocado esta crisis?
Por su parte, el masivo cuestionamiento-en el seno de esta crisis fiscal- al aumento indiscriminado de la masa salarial, fundamentalmente en épocas electorales, no implica en modo alguno desconocer los derechos de todos los trabajadores públicos, sino que se fundamenta en la irresponsabilidad de comprometer al Estado a pagar sumas de dinero que no tiene y lo peor de todo, que se sabe que no tiene. Lo contrario sería suponer, además, que habría existido un serio problema de planificación y estimación presupuestaria.
Lo que claramente surge de los propios datos oficiales del gobierno y que se evidencian en diversos informes de monitoreo de las cuentas públicas de la provincia es, ni más ni menos, que en los gobiernos de los últimos 16 años se ha producido un crecimiento desmedido del aparato estatal y de su personal que, en su acumulación, no puede acompañar el nivel y porcentaje de recaudación e ingresos, mientras
tanto, el crecimiento del empleo en las actividades del sector privado estuvo muy por debajo respecto del sector público. Es decir, que el problema no han sido los ingresos o su falta de crecimiento, sino la irresponsabilidad fiscal en la administración de los recursos públicos, informe que se puede consultar acá Monitoreo de las Finanzas Públicas de Chubut
Lo trágico, si puede llamárselo así, es que ésta ha sido una forma de gobernar en los últimos 16 años hasta la actualidad, con la cual se construyó y acumuló poder y que finalmente derivó en un colapso fiscal y parálisis estatal comprometiendo seriamente el futuro de los chubutenses, mientras paralelamente se fueron consolidando nichos de corrupción sistémica que explotaron en los escándalos y juicios penales de público conocimiento.
Mientras toda esta crisis se está viviendo, hay niños, familias y estudiantes de profesorados que esperan se retomen las clases, trabajadores y jubilados que necesitan llevar sus sueldos a sus casas para alimentarse y pagar sus cuentas, comercios y pymes que esperan por regularizar sus pagos y el funcionamiento de sus empresas, gente que padece y necesita atenderse en el sistema de salud y queda a la espera que Seros y hospitales públicos retomen las prestaciones, justiciables que necesitan acceder a la justicia y profesionales que ven paralizada su labor.
Chubut, la “tercer provincia mejor administrada”, está sin rumbo y duele.
Cecilia Laura Basualdo
Abogada (UBA)
Puerto Madryn
