Continuamos padeciendo las consecuencias de la irresponsabilidad y la inacción del Gobierno Provincial, quien se encuentra en una cómoda posición, dando la impresión de que las medidas de aislamiento le resultan funcionales, para no dar respuesta ante la crisis provincial, preexistente a la situación del coronavirus. El Gobierno, como administrador de los recursos públicos, es el único responsable de la situación de parálisis absoluta del Estado Chubutense, lo que implica el fracaso de la sesión ordinaria legislativa establecida para hoy martes 28 de abril, motivada por los reclamos de los trabajadores, al no haber percibido aún sus salarios del mes de marzo.
Durante éste último tiempo, el Ejecutivo Provincial ha gobernado solo (sin actividad por parte del Cuerpo de Diputados y con la Justicia en feria extraordinaria), cometiendo severos errores normativos en cuanto, por ejemplo, a la emisión de Decretos de Necesidad y Urgencia, incumpliendo los mecanismos de control que establece nuestra Constitución para tal situación excepcional. La política en épocas de excepción no debe dejar de marcar límites a los excesos, plantear posturas firmes ante el avance en contra del Estado de derecho y de las Instituciones democráticas. El Gobierno no debe confundir acompañamiento institucional en cuanto a medidas sanitarias, con la unanimidad que conduce a la instalación un pseudo estado totalitario.
La actividad de parlamento es fundamental para sostener el equilibrio entre los poderes y evitar todo tipo de concentración que, inevitablemente lleva a excesos. En esta sesión fracasada, entre otros puntos, debíamos tratar los DNU del Ejecutivo, que como indicamos oportunamente, fueron emitidos con irregularidades. Así como así otros aspectos vinculados a las, recientemente derogadas por la justicia, Resoluciones del Ministerio de Seguridad, que obraron de cuasi leyes, sin ley que los ampare y con claros excesos en los procedimientos que dieron lugar a múltiples denuncias. Desde éste Bloque, y de forma oportuna solicitamos al Ejecutivo información sobre las detenciones realizadas en el marco de aquellas Resoluciones y en cumplimiento del Aislamiento en vigencia, a fin de conocer el procedimiento judicial iniciado, tal como establecen los correspondientes DNU Nacionales y como ordena proceder nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo y en incumplimiento a la ley, dicho pedido no fue respondido, sin alegar ningún motivo para no hacerlo.
Hasta aquí y con más de un mes de actividades paralizadas y de estricto cumplimiento ciudadano de las restricciones impuestas, tenemos un resultado evidente: la provincia solo tiene dos casos positivos, debidamente aislados y bajo estricta vigilancia, pero una economía sufriente, con marcada recesión en la actividad y un empeoramiento generalizado del panorama local. Entendemos que el proceso de avance del virus no ha
terminado, y que según señalan los profesionales será extenso y eso no puede significar, ante las condiciones que se presentan, paralización total indeterminada de todo tipo de actividades económicas. Encontrar el punto óptimo, considerando los aspectos objetivos de nuestra realidad provincial, es la clave para la adaptación a un nuevo paradigma, que prioriza el cuidado de la salud, pero que no debe condenar a sus ciudadanos a las consecuencias negativas de una recesión, que profundiza la preexistente crisis provincial.
Y esto no significa “no tener templanza y ceder ante la presión de los sectores”, esto significa gobernar, atendiendo a todas las necesidades de los ciudadanos, escucharlos y estar cerca. Cuando el gobierno se “enamora” del aislamiento como un instrumento de comodidad política, caemos en el grave error de corrernos del verdadero propósito de gobernar que es el bien común. Siempre será una mala política atender un mal y provocar otro. Se gobierna de cara a la gente, con respuestas concretas y serias y por sobre toda las cosas, se gobierna respetando la ley y defendiendo a la República y a la Democracia.
