La cuestión de la pesca ilegal en el Mar Argentino es de larga data. Nuestro país tiene la fortuna de tener un mar territorial, con más de una Zona Económica Exclusiva que dan como resultado una enorme superficie marítima extremadamente rica en recursos naturales de todo tipo. En especial, recursos pesqueros.
La Plataforma Continental Argentina figura entre los espacios marítimos más extensos y fértiles del Hemisferio Sur. Su Zona Económica exclusiva abarca una superficie de 1.529.585 km2 y alberga pesquerías comerciales, cuencas hidrocarburíferas y yacimientos minerales de gran relevancia económica.
“Al tratarse de un espacio marítimo tan extenso, las tareas de patrullaje y control sobre el mismo se dificultan tremendamente, a pesar del compromiso y la capacitación del recurso humano destinado a tal fin, no solo debido a las cuestiones climáticas, y logísticas, sino, principalmente, como consecuencia de la escasez de recursos económicos indispensables para financiar tales tareas cuyos costos son muy elevados”, comentó al respecto la Senadora.
A pesar de los esfuerzos de la Armada Nacional y la Prefectura Naval Argentina despliegan diariamente, continuamente se reporta incursiones de barcos de bandera extranjera en nuestra Zona Económica Exclusiva, incluso en estos tiempos donde el mundo entero se encuentra atravesando una pandemia sin precedentes.
“La Cama Argentina de Industrias Pesqueras ha informado recientemente que se calcula que estas embarcaciones, pescan ilegalmente más de 4.000 toneladas de calamar por día, haciéndole un daño irreversible, no solo a nuestro recurso natural, sino también a nuestra economía, pues realizan un saqueo diario, constante y sabiéndose impunes”, manifestó con preocupación la Nancy González.
En 1997 la Ley Federal de Pesca creó el Fondo Nacional Pesquero que debía distribuirse de la siguiente manera: el 25% financiaría tareas de investigación del INIDEP; el 20% del total del fondo se debía destinar a equipamientos y tareas de patrullaje y control policial de la actividad pesquera realizados por las autoridades competentes ( la Armada y la Prefectura ); La Autoridad de Aplicación podía recibir hasta el uno por ciento ( 1% ) y del Consejo Federal Pesquero hasta el dos por ciento ( 2% ) del fondo; por último, un dos por ciento ( 2% ) del Fondo se destina a tareas de la formación y capacitación del personal de la pesca a través de los institutos oficiales. El otro cincuenta por ciento ( 50% ) del FONAPE se transfiere a las provincias con litoral marítimo que integran el Consejo Federal Pesquero.
La ley también autoriza al Consejo Federal Pesquero a modificar dicha distribución en virtud de las necesidades del sector. Sin embargo desde 2019, y mediante una resolución ( la Res. N° 7/19 ), de dicho organismo, los fondos destinados a patrullaje y control se han visto reducidos a la mitad.
Según el Acta N° 4/20, del Consejo Federal Pesquero surge que, durante 2019, el FONAPE recaudó $491.389.826,83, de los cuales, solamente $51.402.612 se destinaron a la Armada Argentina y a la Prefectura Naval para financiar las tareas de patrullaje y control, es decir, casi la mitad de lo que debiera haberle correspondido de utilizar el criterio fijado por el legislador al sancionar la ley 24.922.
Por lo tanto, ante la magnitud del problema de la pesca ilegal en el litoral marítimo, la Senadora Nacional por Chubut, Nancy González presentó un proyecto de Ley, sin desconocer que el Consejo Federal Pesquero es un organismo colegiado, dinámico y federal de fundamental importancia para administrar el sistema pesquero nacional, que propone una modificación al artículo 45 de la ley 24.922, limitando sus facultades para distribuir los fondos, estableciendo que lo destinado a Patrullaje y Control nunca podrá ser inferior al equivalente al veinte por ciento ( 20% ) del total del FONAPE.
