La materialización de la plena autonomía financiera, económica y funcional ha sido un reclamo permanente, desde hace varios años. Esa pretensión tiene sustento constitucional. El artículo 177 de la carta magna provincial faculta al Poder Judicial a disponer por ley, un sistema de percepción de gravámenes, tendiente a acordarle plena autonomía financiera, económica y funcional.
Bien reglamentada, brinda herramientas fundamentales para una sana administración, para concretar programas de trabajo, de obras, para establecer sistemas de remuneraciones coherentes. Es la forma de lograr que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente del Poder Ejecutivo. Es clave cómo se reglamenta, cómo se establece y qué garantías mínimas se brindan en la ley para mantener el servicio de justicia funcionando.
El Gobernador Mariano Arcioni anunció por los medios que enviará el viernes a la Legislatura un proyecto de Ley de Autarquía. Plantea que es una herramienta democrática para fortalecer la independencia de los poderes y que con este proyecto apuesta al fortalecimiento de la República y del sistema democrático en el marco de la independencia de los poderes. Argumenta que es una herramienta fundamental para que pueda, de manera prolija y eximida del Poder Ejecutivo, manejar sus recursos y ser partícipes de manera mancomunada en la responsabilidad del manejo del dinero público.
La teoría es correcta pero varias cuestiones se presentan ante esta novedad.
La primera se refiere al contenido del proyecto, que se desconoce. No es respetuoso de la independencia de poderes que el Ejecutivo elabore un proyecto, nada menos que de la autarquía del Poder Judicial, de manera inconsulta y en soledad, sin participación alguna de los integrantes del Poder Judicial. Puede ser un excelente proyecto o un pésimo diagrama de atribución de recursos. Lo concreto es que no lo sabemos. Aquí hay destrato y falta de consideración. El discurso no se corresponde con la realidad.
Pero además surge la pregunta sobre la oportunidad del proyecto. Casi de manera coordinada con el anterior anuncio, el Ministro de Gobierno, José Grazzini, sale a los medios a admitir que el Gobierno del Chubut no está en condiciones de afrontar el pago de los salarios de los empleados públicos. Con dos masas salariales mensuales adeudadas a Jueces, Fiscales, Defensores, Funcionarios y Empleados, con declaraciones genéricas de las más altas autoridades políticas sobre la insuficiencia de los recursos para afrontar pago de salarios, el anuncio del proyecto para la Autarquía evidencia una nueva falta de respeto a las instituciones.
No debe olvidarse nunca, que asegurar la administración de justicia es una de las condiciones puestas en la Constitución Nacional como reaseguro de las autonomías provinciales (art. 5). No parece que, en este momento, en estas condiciones, en el macro de las diversas profundas crisis que atravesamos, la propuesta del Sr. Gobernador resulte oportuna.
Dr. Mario Vivas, Presidente del Superior Tribunal de Justicia
Dr. Alejandro Panizzi, Ministro del Superior Tribunal de Justicia
Dr. Jorge Miquelarena, Procurador General
Dr. Sebastián Daroca, Defensor General
