La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo Nacional destinará para esa zona afectada por incendios forestales una partida especial para la asistencia de las personas y la reconstrucción de las economías afectadas.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara zona de desastre y de emergencia económica, social y productiva por 180 días a localidades de las provincias de Chubut y Río Negro, ubicados en la región conocida como la Comarca Andina de la Patagonia.
La iniciativa alcanza a los departamentos de Cushamen, de Chubut, y las localidades de Bariloche y el Bolsón, de Río Negro.
El plenario legislativo sancionó por 242 votos este proyecto sobre tablas a pedido de la diputada radical Brenda Austin, quien planteó que esa propuesta aprobada en el Senado tiene un amplio apoyo político para “buscar soluciones a los pobladores afectados por los incendios”.
“Esta iniciativa recoge el acuerdo de los distintos bloques políticos busca distintas medidas concretas de asistencia social y para las empresas y la producción”, agregó.
Desde el oficialismo, el diputado del Frente de Todos, Santiago Igon, adelantó al apoyo de su bloque a esta iniciativa y dijo que el Poder Ejecutivo “estuvo comprometido asistiendo a los departamentos afectados por los incendios”
La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo Nacional destinará para esa zona afectada por incendios forestales una partida especial para la asistencia de las personas y la reconstrucción de las economías afectadas.
El Gobierno deberá ampliar los fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período de la declaración de emergencia en su ámbito geográfico, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las condiciones de vida de sus habitantes, según establece el proyecto.
También deberá adoptar medidas relacionadas con la producción, el empleo y y la recuperación de la biodiversidad de la zona.
La declaración de emergencia habilita, con carácter de urgencia, la asignación de partidas para la reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones en las zonas rurales y urbanas afectadas o que resulten necesarias.
Esto se realizará previo estudio que permita establecer prioridades para el empleo de los fondos disponibles.
