La vicepresidenta, el gobernador y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli declaran en la causa en la que la Cámara Federal de Casación Penal debe definir si continúa hacia la realización del juicio oral o si declara el sobreseimiento de los procesados.
La Cámara Federal de Casación Penal definirá hoy si la causa por la venta de dólar futuro continúa hacia la realización del juicio oral o si, por el contrario, declara el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros procesados.
Se trata de en una causa cuya solidez jurídica despertó cuestionamientos desde el primer momento y que en agosto último, al presentarse la pericia contable del cuerpo de peritos de la Corte, sumó una prueba contundente sobre la inexistencia de delito: el informe pericial estableció que en la operatoria en el mercado de futuros del año 2015 por parte del BCRA nunca hubo perjuicio para el Estado.
Tras la incorporación de esa pericia, de 82 páginas, un cuestionario detallado de 81 puntos que fue contestado con precisiones técnicas por los peritos oficiales de la Corte Carlos Campodónico, Alejandro Del Acebo y Stella Maris Castaño, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 1, Adrián Grünberg, señaló que la vicepresidenta, Kicillof, Vanoli y el resto de los acusados debían ser sobreseídos por inexistencia de delito y aseguró que su conclusión era “inamovible”, por lo que se excusó de seguir interviniendo en la causa.
“Quedó demostrado, también, que era una operatoria totalmente transparente, a precios de mercado, en mercados donde uno no veía con quién operaba”
Alejandro Vanoli
En los fundamentos de su voto, que no fue compartido por los otros dos miembros del tribunal, Grünberg subrayó que tras los resultados de la pericia, a los que consideró definitivos y concluyentes, “ya no deviene necesario llevar a cabo el debate (por el juicio oral) y, habida cuenta de todo lo expuesto, voto por el dictado del sobreseimiento respecto de la totalidad de los encartados por inexistencia de delito”.
El fallo, emitido el 30 de octubre último, ordenó sin embargo realizar el juicio oral a partir del voto de la mayoría (2 a 1) conformada por los otros dos jueces del TOF 1, Juan Michilini y Ricardo Basilico, y desde entonces la causa fue objeto de apelaciones hasta que llegó a la sala I de Casación, que este jueves deberá definir si dicta el sobreseimiento a todos los acusados, a quienes el fallecido juez Claudio Bonadio procesó por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Vanoli, uno de los procesados en la causa que se inició en 2015 a partir de una denuncia presentada en aquel año por el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba) y por el entonces senador Federico Pinedo (PRO), subrayó en declaraciones a Radio 750 que la pericia contable del cuerpo de peritos de la Corte señaló “de manera concluyente que no hubo perjuicio (para el Estado) y que las medidas que se adoptaron (con la operación del dólar a futuro en el mercado a término de Rosario, ROFEX, y el Mercado Abierto Electrónico, MAE) fueron políticas de regulación económica, que incluso arrojaron resultados positivos para el Banco Central”.
“Quedó demostrado, también, que era una operatoria totalmente transparente, a precios de mercado, en mercados donde uno no veía con quién operaba”, agregó Vanoli, quien además recalcó que “una a una todas las acusaciones –que se dilapidaban las reservas, que era una operatoria poco transparente- quedaron demostradas claramente que no eran así”.
“La historia demostró que, en realidad, la política económica macrista buscó una devaluación que los benefició a ellos mismos, perjudicó al pueblo argentino”, afirmó el extitular del BCRA del año 2015, quien fue procesado junto al entonces ministro de Economía (Kicillof), el directorio de la autoridad monetaria de aquel momento, tres miembros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y luego, por decisión de Bonadío (porque su nombre no figuraba en la denuncia inicial), Cristina Fernández de Kirchner, quien ejercía la primera magistratura.
La pericia en cuestión, que fue considerada el elemento probatorio concluyente por el juez Grünberg, contó además con la participación de peritos de parte propuestos por las defensas.
En las preguntas 17 y 20, los especialistas de la Corte Suprema informan que las operaciones de dólar futuro por parte del BCRA se hicieron a precio de mercado, mientras que en los puntos 44, 47, 55, 67 y 81 establecen que la autoridad monetaria (es decir, el Estado) no sufrió perjuicios en su patrimonio sino que, por el contrario, tuvo ganancias en el período analizado.
Por ejemplo, en la respuesta a la pregunta 55, los peritos aseguran que en el ejercicio 2015 el BCRA tuvo una ganancia de 147.116.880.000 pesos.
El resultado de ese informe realimentó la polémica en torno a la solidez jurídica de la denuncia y de la causa que inicialmente quedó a cargo de Bonadio: en sintonía con esos cuestionamientos, el jurista y exintegrante de la Cámara Federal que juzgó a las Juntas, León Arslanian, especialista en Derecho Penal, remarcó, en relación con la causa de dólar futuro, que “no se puede judicializar cualquier cosa”.
“No se puede llegar al extremo de pensar que cada uno de los actos de gobierno que hace un presidente puede constituir un delito”, aseveró.
“Yo pienso eso y creo que tengo razón, porque (lo que se analiza en la causa dólar futuro) forma parte de una política de gobierno”, argumentó Arslanian en diálogo con Télam.
Por su parte, el periodista de La Nación Carlos Pagni, el lunes por la noche, señaló en el editorial de su programa en la señal televisiva LN+: “Ha habido una errónea judicialización de temas que no son susceptibles de ser judicializados”, reconoció y también dijo: “Lo mismo pasa con la política monetaria, la política cambiaria y el dólar futuro, por el cual la procesaron también a Cristina Kirchner; siempre pensamos que era un disparate”.
En el informe pericial firmado por Campodónico, Del Acebo y Castaño también se concluyó que las operatorias de dólar a futuro son medidas de gobierno aplicadas en muchos países y que, con su utilización, se logró evitar una corrida bancaria que alentaba una devaluación brusca, pulseada que además estaba enmarcada en el contexto electoral de la segunda mitad de 2015.
A pesar del informe, y tras el fallo 2 a 1 del TOF 1, Casación tendrá en sus manos la definición de un caso que, paradójicamente, refleja que entre los compradores de dólares a futuro no figuraron funcionarios de la administración de Cristina Fernández sino, por el contrario, personas que luego estuvieron muy ligadas a la gestión de Cambiemos, desde funcionarios del gobierno de Mauricio Macri hasta empresarios que nunca ocultaron relaciones y simpatías.
Entre los compradores de dólares a futuro figuraron Luis Caputo, Mario Quintana, José Torello, Martín Lousteau y el grupo Socma-Chery, de la familia Macri
Entre quienes operaron en la compra de dólar futuro en aquellos días, como registró una investigación realizada por el fallecido dirigente socialista de Rosario Héctor ‘Tigre’ Cavallero y difundida en diciembre de 2016, se encontraban Pablo Curat (quien luego fue director del BCRA); Luis Caputo (a través de un fondo de inversión creado por él, Axis); el grupo Pegasus, de Mario Quintana; José Torello (apoderado nacional del PRO por entonces); Martín Lousteau; Gustavo Lopetegui y también, entre muchos otros operadores, el grupo Socma-Chery, de la familia Macri.
Todos ellos, al igual que muchos otros compradores de dólar futuro entre el 1º de septiembre y el 18 de noviembre de 2015, se beneficiaron con la devaluación inicial de la gestión de Cambiemos, dispuesta por el exministro de Economía Alfonso Prat Gay.
Cavallero, quien falleció a principios de octubre, llegó a publicar un libro con el resultado de aquella investigación: lo tituló “Dólar futuro, quiénes ganaron y quiénes perdimos”.
