La UCR impulsa en la Legislatura Provincial un proyecto de ley para prohibir contratar con el Estado a los condenados por delitos de corrupción.
Durante la última sesión en la Legislatura Provincial se dio ingreso a un Proyecto de Ley por el cual se busca incorporar la prohibición de ser proveedores y/o contratar con el Estado a aquellas personas condenadas por delitos de corrupción, como así tampoco las empresas o sociedades, en las que formen parte de Órganos de dirección o de su composición societaria.
Los Diputados radicales, María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni entre los fundamentos de la iniciativa dados en el recinto, hicieron referencia a los recientes acontecimientos en cuanto a condenas de corrupción de la causa “revelación” en nuestra provincia. “Hace solamente unos días conocíamos las condenas por delitos de corrupción a los exfuncionarios del Gobierno Provincial vinculados a la denominada causa Revelación. Se condenó a todos los imputados. Se determinó la existencia de una organización que tenía como finalidad el pago de retornos que surgían de la obra pública por parte de los empresarios de la construcción.”
En el cuerpo de fundamentos del proyecto sostienen que “la corrupción es un flagelo que socava y limita todo tipo de desarrollo social y económico y mina la confianza de la ciudadanía respecto de sus representantes, cuando de administración de la cosa pública se trata”
“Así como el año pasado esta Legislatura marcó un hito significativo cuando aprobó por unanimidad la iniciativa ciudadana de Ficha Limpia, vamos a tener la oportunidad de seguir dando pasos firmes en este sentido. Este proyecto plantea la modificación de la Ley de Administración Financiera y del Sistema de Control Interno del Sector Público Provincial, para impedir que quienes estén condenados por delitos de corrupción puedan ser proveedores del estado, es decir, el estado no podrá contratar con ellos.”
De aprobarse la iniciativa quedarían inhabilitados para proveer servicios al Estado cualquier condenado por delitos de corrupción. Tampoco podrán hacerlo las empresas que tengan en su Directorio o en su conformación societaria condenados por corrupción.
“Rechazamos la corrupción y por lo tanto seguiremos impulsando iniciativas precautorias, de transparencia y control ciudadano como así de remediación para la eliminación y erradicación de estas prácticas que tanto afectan a nuestra sociedad en conjunto” sostuvieron.
