Su objetivo es establecer un ámbito de trabajo que garantice un abordaje integral y articulado de los distintos organismos del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios y de otras violencias.
El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, promulgó días atrás la Ley I Nº 707, por medio de la cual se adhiere al Decreto Nacional Nº123/21, para la creación del Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios.
Este Consejo se integrará, inicialmente, con los titulares de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, y de las Mujeres, Géneros Y Diversidad de la Nación, quienes dictarán el Reglamento interno de funcionamiento. Con esta adhesión de la Provincial del Chubut, se permitirá incorporar a los titulares de los Ministerios locales para comenzar a desarrollar políticas en conjunto.
Dentro de las funciones que tendrá este órgano, se destaca: elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios; elaborar estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.
Asimismo, establece unificar los sistemas de registro y gestión de la información; promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida y coordinada gestión de los casos de violencias por motivos de género; recomendar la elaboración y aprobación de normas que contribuyan con los objetivos propuestos.
El Consejo impulsa promover el fortalecimiento de los dispositivos locales de asistencia integral de situaciones de violencia por motivos de género; promover en cada jurisdicción, la organización de mesas de trabajo locales con participación de los gobiernos locales, integrantes del poder judicial y ministerios públicos, referentes de la sociedad civil, asociaciones de apoyo a las personas en situación de violencia y expertos y expertas en la materia; redactar y elevar un informe anual de las acciones que se tomaron en las distintas provincias y en el ámbito nacional en el marco del referido Consejo, el que deberá ser enviado al Congreso de la Nación.
