“Es un claro caso de corrupción pública y esta calificación no es antojadiza, sino que responde a parámetros que realiza las Naciones Unidas al caracterizar este fenómeno. La gravedad está referida a las consecuencias que genera en el desmembramiento de la sociedad, además de lo económico”, indicó en el inicio de su alegato el fiscal general Héctor Iturrioz.
El fiscal también nombró uno a uno a los testigos que acreditaron la gestión para la donación del alimento, la recepción en Rawson y el retiro en vehículos particulares de las bolsas. “Se hizo sin firmar ningún remito, por orden de Leticia Huichaqueo”, destacó para luego diferenciar el compromiso ciudadano de los testigos que a su criterio fueron “claros y coincidentes” sobre cómo se produjo la maniobra.
Consideró como “una maniobra burda” la intención de los imputados de intentar justificar la llegada de los alimentos en Comodoro Rivadavia. También destacó los dichos de algunos testigos que manifestaron con claridad que a Comodoro Rivadavia “no llegó ninguna bolsa”. En un momento de su exposición dijo que los investigadores a su cargo encontraron “dos papeles escritos a mano que justificaban la llegada de miles de toneladas de alimentos donados por la solidaridad de muchos argentinos. Por eso a esta causa la voy a seguir a muerte, porque se burlaron de todos nosotros”, manifestó de manera enfática para después concluir que la ronda de testigos y documentación permitió “probar la figura del delito de peculado”.
“La emergencia no liberaba a los empleados para robar poniendo como excusa en que la vorágine de la situación impedía el cualquier control”, destacó en alusión a los dichos de algunos de los testigos.
Concluyó en pedir que se condene a Leticia Huichaqueo y Juan Carlos Gómez, como coautores por el delito de peculado de manera continuada, y a Marcelo Suárez por el delito de encubrimiento para favorecimiento personal con fondos públicos.
Los querellantes Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción y Rodrigo Miquelarena de la Fiscalía de Estado, destacaron la gravedad de los delitos de corrupción en el ámbito de la administración pública “con fondos de todos” que muchas veces “repercuten en la falta de fondos para salud o educación”, aludiendo a los compromisos de la Argentina al adherir a convenios internacionales para combatir este tipo de delitos.
Rodrigo Miquelarena describió las disputas políticas además, entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el Gobierno Provincial al momento de la emergencia económica, con depósitos en lugares diferentes. Ambos estamentos recibían donaciones y de manera “descoordinada” las distribuía.
