El senador chubutense, Ignacio Nacho Torres, marcó su rotundo rechazo al proyecto que impulsa el senador kirchnerista Oscar Parrilli, con el apoyo del chubutense Carlos Linares y otros pares de Río Negro y Neuquén, para estatizar las 17 concesiones hidroeléctricas que vencen a partir de 2023 y que pretenden que pasen a depender de IESA (ex Enarsa). “No vamos a permitir como patagónicos que las concesiones de las represas hidroeléctricas de la región y en particular, las de la provincia del Chubut pasen a depender de IEASA (Ex Enarsa), es decir, al Estado Nacional (o la Cámpora) como pretenden Linares y Parrilli”, disparó Torres. Torres dejó en claro que la soberanía de los recursos naturales en el territorio corresponde a las provincias, según marca la Constitución Nacional, y sería razonable que los poderes jurídicos sobre esos bienes pasen a las respectivas autoridades de cuenca. “Vamos a defender los intereses de la provincia; solicitaremos que se reviertan sobre las jurisdicciones provinciales los activos de las centrales hidroeléctricas”, aseguró. El senador chubutense refirió que la ley de estatización de Parrilli y Linares con el respaldo del kirchnerismo, va a contramano de todos los avances que se lograron en materia energética durante más de una década. “El sistema que hoy pretende volver a replicar el kirchnerismo provocó un derrumbe del 40% en la oferta interna de energía hidráulica, mientras que la capacidad instalada se estancó”, puntualizó. Según marcan los datos estadísticos, entre 1989 y el 2000, la potencia instalada del sistema creció un 48,61% mientras que el sistema volvió a flanquear para la década de los 2000, tras el congelamiento tarifario ordenado por Néstor Kirchner que se mantuvo hasta el año 2015. “Estas medidas irresponsables desalentaron la inversión y descapitalizaron el sistema energético, provocando que el país volviera a tener un déficit en su balanza comercial sobre esta partida”, objetó Torres. Por último, el senador adujo que “Linares y Parrilli encuentran en la gestión privada de los servicios un chivo expiatorio para justificar el insuficiente desempeño del sistema en los últimos años, cuando en realidad fueron las propias regulaciones sobre las tarifas las que distorsionaron los precios relativos y limaron la inversión”, concluyó Torres.