El Senador Nacional “Nacho” Torres, junto a su par Alfredo Cornejo y el auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto, brindaron una conferencia de prensa en Mendoza donde denunciaron una red que involucra a funcionarios nacionales y municipales en negocios inmobiliarios ilegales.
En concreto, los funcionarios nacionales expusieron maniobras de corrupción por parte de funcionarios nacionales y municipales en la venta de tierras en Zonas de Seguridad de Fronteras. Realizaron una conferencia de prensa en conjunto, en la que informaron el accionar de una red de complicidad de la que forman parte funcionarios kirchneristas a nivel nacional y municipal, mediante la cual se entregan tierras fiscales en distintas provincias a falsos miembros de comunidades mapuches, quienes aparentemente las compran a precios irrisorios.
Dichos terrenos, ubicados en áreas críticas para la seguridad nacional, como son las Zonas de Fronteras, son luego revendidas a precio de mercado a extranjeros, quienes reciben documentación argentina (pasaportes y/o DNI) apócrifa emitida por el Renaper a fin de blanquear fondos de origen ilegal.
Se presentaron, además, pruebas de adulteración de los registros y mapas de las tierras en cuestión en los catastros municipales.Según los funcionarios, el entramado de corrupción, asociación ilícita y lavado de activos cuenta con la participación de la Dirección Nacional de Zona de Seguridad y Fronteras (dependencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, que entre sus funciones se encuentra la fiscalización de las operaciones inmobiliarias en Zonas de Fronteras), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI, señalado por la entrega ilegítima de tierras a comunidades mapuches en Mendoza), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Unidad de Información Financiera (UIF).El entramado de corrupción ya había sido advertido por la propia Auditoría General de la Nación (AGN) en 2017, cuando dio cuenta de las irregularidades en la venta de terrenos en Zonas de Seguridad de Fronteras en distintas provincias de la Patagonia.Entre las irregularidades mencionadas en aquel estudio se encuentran la falta de cumplimiento por parte de las dependencias nacionales respecto a su deber de informar el origen de los capitales invertidos por los individuos y sociedades extranjeros en tierras ubicadas en Zonas de Seguridad, lo que genera sospechas de blanqueo de dinero potencialmente de origen criminal.
El fiscal federal Eduardo Taiano y la jueza María Servini de Cubría están investigando la realización de, al menos, otras tres supuestas ventas espurias de campos durante aquel período en Zonas de Fronteras -con similar operatoria de entrega de tierras de valores millonarios y de alta sensibilidad para la seguridad nacional- a mapuches para su posterior reventa a extranjeros, quienes interponían sociedades “pantalla” y usaban testaferros y documentos falsos.Asimismo, los legisladores solicitaron al INAI informes relativos a las entregas de tierras fiscales ubicadas a supuestos miembros de la comunidad mapuche en Chubut, Río Negro y Santa Cruz.
El caso testigo
Durante su exposición, los dirigentes exhibieron como prueba documentación relacionada con el denominado “caso Mamul”. Se trataría de una operación inmobiliaria sobre un campo de 20 mil hectáreas en los bordes del Lago Rosario, en la provincia de Chubut.El hecho denunciado se relaciona con una operación que data del año 2000 y tiene como protagonista al ex intendente de la municipalidad de Trevelin, Carlos Hugo Mantenga, hoy diputado provincial del kirchnerismo en la provincia patagónica. En concreto, señalaron que el campo se habría adquirido en 35 mil dólares, para revenderse siete años después, en 7,8 millones de dólares a un ruso llamado Alexander Katunin, a quien los denunciantes definieron como “oligarca”.Además, agregan, el costo real de mercado al día de hoy de esa estancia se ubicaría en torno a los 100 millones de dólares, y abarca el 45% del Lago Rosario, una de las reservas de agua dulce más grandes del país.Los organismos estatales apuntados por Pichetto y Cornejo en su denuncia son la Dirección Nacional de Zona de Seguridad y Frontera, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y tiene entre sus funciones vigilar las operaciones inmobiliarias que ocurren en regiones consideradas sensibles por estar en el límite con otras naciones.
