La Provincia del Chubut cuenta con una ley de ética pública, que establece normas y principios de conducta para los funcionarios públicos y empleados del Estado en el desempeño de sus funciones. La ley tiene como objetivo promover la transparencia, la responsabilidad y la honestidad en la gestión pública.
La ley de ética pública en Chubut implica la promoción de la integridad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública en la provincia. Esta ley establece normas éticas y de comportamiento para los funcionarios públicos y personas que desempeñan cargos políticos, con el objetivo de prevenir la corrupción y mejorar la calidad de la gestión pública.
Entre las principales disposiciones se requiere la obligación de declarar patrimonios e intereses, la prohibición de aceptar regalos o beneficios indebidos, la obligación de abstenerse de participar en decisiones relacionadas con intereses propios o de terceros, y la responsabilidad por el uso adecuado de los recursos públicos. También establece mecanismos para promover la transparencia y rendición de cuentas, así como para sancionar las conductas contrarias a las normas éticas. Esto incluye la creación de un sistema de denuncias y la designación de una autoridad de ética, encargada de investigar y sancionar las violaciones a la ley.
La ley de ética es fundamental para fomentar una cultura de transparencia, responsabilidad y honestidad en todas las esferas de la sociedad.
La LEY I- Nº 231 (Antes Ley 4816) ÉTICA DE LA FUNCION PÚBLICA. Establece normas y principios de conducta para los servidores públicos y buscan prevenir conflictos de interés, corrupción y otras formas de malversación de fondos públicos. Al aplicar estas leyes, se puede promover una cultura de responsabilidad y servicio al público en las instituciones estatales, lo que a su vez contribuye a mejorar la confianza de la ciudadanía en el gobierno.
Para que un Estado sea eficiente y responsable hacia la sociedad que representa, debe promover la transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad financiera, el bienestar de la sociedad, la lucha contra la corrupción, y el fomento del desarrollo económico.
Es importante que el Estado invierta en infraestructura, educación y capacitación laboral, para mejorar las condiciones en las que operan las empresas y aumentar la productividad. De esta manera, se puede lograr un crecimiento económico sostenible que beneficie a todos los sectores de la sociedad.
Algunos de los principios y normas que establece esta ley son:
– Transparencia en la gestión pública.
– Honestidad e integridad en el desempeño de la función pública.
– Imparcialidad en la toma de decisiones.
– Responsabilidad en la administración de los recursos públicos.
– Respeto a los derechos y garantías constitucionales.
– Prohibición de aceptar regalos o beneficios que puedan influir en el desempeño de la función pública.
– Declaración jurada de bienes al inicio y finalización del cargo público.
– Incompatibilidad de intereses entre la función pública y actividades privadas.
– Protección y respeto al medio ambiente.
La participación ciudadana puede ayudar a detectar y prevenir prácticas corruptas en la administración pública, lo que mejorará la transparencia y la rendición de cuentas.
