Oscar Furchi, presidente del Consejo de Adultos Mayores, señaló que el impacto de las decisiones de PAMI se siente especialmente en una región donde la mayoría de los jubilados no perciben la mínima, y donde el costo de vida, en muchos casos, es significativamente más alto que en otras partes del país. En este sentido, Furchi explicó que los recortes no solo se limitan a la medicación, sino que también afectan la cobertura de tratamientos prolongados y crónicos, obligando a los adultos mayores a tomar la difícil decisión de priorizar ciertos medicamentos sobre otros, a pesar de las recomendaciones médicas.
Uno de los puntos más controversiales del comunicado emitido por PAMI ha sido la distinción entre aquellos que cobran la mínima y los que superan este umbral, algo que, según Furchi, no tiene justificación en términos de los aportes realizados por los jubilados a lo largo de su vida laboral. En un contexto donde los aportes del que cobra la mínima corresponden al 3% y el de quienes ganan más al 6%, los jubilados consideran que esta diferenciación es injusta y refuerza la desigualdad dentro de la clase pasiva.
“Nosotros seguimos siendo trabajadores pasivos que hemos aportado al sistema durante 30, 40 años, y ahora nos siguen recortando derechos”, denunció Furchi, quien también subrayó la pasividad de los legisladores nacionales frente a esta situación. “Esperamos que alguien levante la voz en defensa de los jubilados”, agregó.
La crisis de los medicamentos
Una de las principales preocupaciones de los jubilados de la región patagónica es el aumento desmesurado en el costo de los medicamentos, que desde julio de 2024 han experimentado incrementos de hasta un 250%. Esta disparidad entre el aumento de la jubilación y los precios de los medicamentos obliga a muchos jubilados a decidir qué tratamientos seguirán tomando, mientras otros quedan fuera de alcance por su alto costo.
La situación se agrava por las restricciones impuestas a quienes tienen propiedades como una vivienda de alquiler o un automóvil en buen estado, lo que limita su acceso a ciertos beneficios. Furchi planteó la contradicción de que, por ejemplo, un jubilado con un auto de más de 10 años no pueda acceder a estos beneficios, lo que parece ir en contra de los intereses de la clase pasiva.
El panorama de los tratamientos médicos
PAMI, en su último comunicado oficial, ha dejado claro que continuará cubriendo los tratamientos oncológicos, pero ha recortado otras coberturas, especialmente las de tratamientos médicos prolongados que dependen de la gravedad de cada caso. Según Furchi, este tipo de clasificación por gravedad podría derivar en situaciones donde los jubilados con patologías crónicas queden desprotegidos o con tratamientos insuficientes.
“Estamos esperando una respuesta concreta de la administración regional de PAMI, pero hasta el momento no hemos tenido novedades”, señaló Furchi, quien también expresó que, aunque PAMI se jacta de ser la obra social más grande del país, en la práctica está dejando mucho que desear en cuanto a la calidad de sus servicios y coberturas. Muchos jubilados, reconoció, se ven obligados a contratar servicios de prepagas para acceder a una atención más acorde a sus necesidades, ya que el sistema de PAMI no cubre la totalidad de los servicios que requieren.
La falta de respuesta del Gobierno
A medida que se profundiza la crisis en el sistema de salud para jubilados, crece el malestar hacia la administración nacional. Los jubilados se sienten cada vez más desprotegidos, y la falta de respuesta por parte de los legisladores y de la administración de PAMI refuerza el sentimiento de abandono. “Seguimos pagando una fiesta en la que no participamos”, expresó Furchi, haciendo referencia a los recortes y las dificultades que atraviesan los adultos mayores.
Los reclamos de los jubilados de la región no solo tienen un trasfondo económico, sino que también están relacionados con la salud y la calidad de vida. Las nuevas políticas de PAMI, sumadas a los aumentos de medicamentos, están empujando a los adultos mayores a tomar decisiones drásticas sobre su bienestar, mientras la respuesta del Gobierno sigue siendo insuficiente.
