La reciente declaración de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, ha generado una gran preocupación y controversia entre las organizaciones que defienden el uso de la marihuana con fines medicinales en Argentina. En un contexto de creciente debate sobre la regulación del cannabis, Bullrich anunció que se revocarían más de 300,000 permisos otorgados durante el gobierno de Alberto Fernández para el cultivo de cannabis, asegurando que el gobierno de Javier Milei tiene la intención de “empezar de cero”.
Bullrich argumentó que este descontrol en la autorización de cultivos ha llevado a un incremento de marihuana sembrada en diversos puntos del país, incluso en áreas fronterizas, lo que considera una vulneración a la ley. En sus declaraciones, enfatizó que, aunque el cannabis medicinal es legal en Argentina, el desvío de estos cultivos hacia el mercado ilegal es lo que constituye el verdadero problema.
La ministra apuntó además a la falta de políticas criminales eficaces, acusando al kirchnerismo de no haber aprobado leyes que permitan una mayor seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Señaló que el sistema de seguridad necesita un cambio profundo, instando a que se ponga atención en la conducta policial para evitar la complicidad con actividades ilegales.
Impacto en Chubut y la lucha de las organizaciones locales
En el ámbito provincial, las reacciones a estas decisiones son mixtas, y organizaciones como la Fundación Salomé, que apoya a personas que cultivan marihuana con fines terapéuticos, ya se encuentran movilizadas. Berta Thachek, presidenta de la Fundación, expresó su desconcierto frente a la revocación de permisos, destacando la contradicción entre las políticas de salud pública y la intervención del Ministerio de Justicia en una cuestión que, según ella, debería ser competencia del Ministerio de Salud.
Thachek explicó que, a pesar de contar con una ley provincial que permite el registro de cultivos de marihuana para fines medicinales, aún no han recibido respuestas concretas del gobierno de Chubut para su reglamentación, lo que deja a los pacientes sin la cobertura necesaria. La fundación se encuentra evaluando acciones legales, como amparos individuales, para proteger los derechos de los ciudadanos a la salud.
En cuanto a la situación en la provincia de Chubut, Thachek destacó que aunque la ley provincial fue un avance importante el año pasado, todavía no se ha podido implementar debido a la falta de reglamentación. La situación ha dejado en una posición vulnerable a muchas personas, especialmente madres que dependen del cultivo para el tratamiento de enfermedades como la epilepsia, el cáncer y otros trastornos graves.
Argumento científico y derecho a la salud
A pesar de la incertidumbre política, las fundaciones y organizaciones como la Fundación Salomé aseguran que cuentan con respaldo científico que demuestra los beneficios terapéuticos del cannabis. En este sentido, enfatizan que el aceite de cannabis tiene aplicaciones comprobadas a nivel mundial, ayudando a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes.
Thachek remarcó que no se entiende la postura del gobierno de revocar los permisos, cuando el cannabis medicinal es reconocido como una herramienta válida para el tratamiento de diversas patologías. La falta de una respuesta clara por parte del gobierno nacional respecto a cómo se continuará con la implementación del Reprocan (Registro de Productores de Cannabis) también es una fuente de incertidumbre.
Perspectivas legales y futuros pasos
Ante este panorama, las organizaciones locales están explorando distintas vías legales para enfrentar la revocación de permisos y asegurar la continuidad de los tratamientos medicinales para los pacientes que dependen del cannabis. La posibilidad de presentar amparos y exigir la implementación efectiva de la ley provincial es uno de los caminos que se están evaluando.
