Una nueva disposición de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), publicada en el Boletín Oficial, ha generado gran preocupación en organizaciones sociales que luchan contra la trata de personas. La resolución 166/2025 elimina el control sobre la salida de menores de edad de Argentina, una medida que podría abrir la puerta a mayores riesgos de tráfico infantil.
Según la disposición, las empresas de transporte internacional terrestre, aéreo y marítimo ya no estarán obligadas a verificar los documentos de los menores de 18 años que viajen con ellas. La resolución, que hace a las operadoras de transporte “dispensadas de requerir la documentación accesoria de egreso” de los menores, cambia radicalmente el protocolo que hasta el momento se aplicaba en el país.
Hasta el año pasado, las aerolíneas, servicios fluviales y terrestres, eran responsables de controlar que los menores que abandonaban el país tuvieran toda la documentación necesaria. Esto incluía autorizaciones específicas, como la de residencia precaria, temporaria o permanente, una autorización de viaje emitida por un funcionario competente y la documentación que acreditara el vínculo entre el menor y el adulto con quien viajaba, entre otros requisitos.
Sin embargo, con la nueva disposición, ya no será necesario que las empresas de transporte verifiquen estos documentos, lo que según las organizaciones defensoras de los derechos humanos, podría ser un resquicio que favorezca la trata de personas y el tráfico de menores.
“Es un retroceso significativo en la lucha contra el tráfico infantil. El control de los documentos de los menores que viajan era uno de los filtros más importantes para detectar situaciones sospechosas”, afirmó una vocera de la Fundación Abriendo Caminos, una de las organizaciones que más activamente trabaja en la prevención del tráfico de personas.
Por su parte, el Gobierno defendió la medida, argumentando que la resolución busca simplificar y agilizar los procedimientos en un contexto de mayor movilidad internacional y avances en tecnología que permitirían una verificación más eficiente de la información. No obstante, los críticos aseguran que la eliminación de este filtro podría facilitar que los niños y niñas sean sacados del país sin el conocimiento o la autorización de sus tutores, alimentando así el negocio ilegal de la trata de menores.
La medida, que ha sido implementada sin un debate público significativo, ya está generando una serie de interrogantes sobre su real impacto en la seguridad de los menores. Mientras tanto, las organizaciones sociales y los defensores de los derechos de los niños continúan alertando sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control en la salida del país de menores de edad para garantizar su protección y evitar que se vean involucrados en situaciones de explotación y abuso.
