Agustín de la Fuente, titular de la Cámara Argentina Patagónica de Industria Pesquera (CAPIP), se abordaron temas de la industria pesquera, especialmente la situación actual en aguas nacionales, la negociación salarial con los trabajadores y la reciente certificación de calidad obtenida por el sector.
La apertura de la temporada de pesca en aguas nacionales
La temporada de pesca en aguas nacionales se inició el 17 de marzo, tras la aprobación del Consejo Federal Pesquero. A pesar de la alta demanda en los mercados internacionales, los números económicos que se manejan en la industria pesquera argentina no son del todo favorables. Según de la Fuente, el precio de venta del langostino congelado a bordo es de aproximadamente 5.720 dólares por tonelada, pero los costos de producción superan los 6.700 dólares, lo que genera una pérdida superior al 15% para las empresas. Esta disparidad de precios hace insostenible la situación económica de las compañías, que se ven obligadas a evaluar los números para poder seguir operando sin incurrir en pérdidas.
Uno de los problemas más complejos de la industria es la rigidez de los costos laborales, especialmente en lo que respecta a los salarios de los trabajadores del mar. Los sindicatos de marineros, encabezados por el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), se han mostrado reacios a cualquier tipo de ajuste o reducción en los salarios, lo que ha generado tensiones entre los empresarios y los representantes de los trabajadores. Las negociaciones están estancadas, y como resultado, más de 100 barcos congeladores se encuentran amarrados en puerto, sin poder salir a faena.
El impacto del costo del combustible y los derechos de exportación
Uno de los factores que agrava la situación es el costo del combustible, un insumo esencial para la operación de los barcos, cuyo precio es incontrolable por parte de los empresarios. Además, los derechos de exportación, impuestos por el gobierno nacional para permitir la venta de los productos en el exterior, también inciden en la rentabilidad de las empresas. Estos impuestos generan un costo adicional para los exportadores, quienes, aunque generan divisas para el país, deben pagar por el derecho a exportar.
La certificación de calidad: una buena noticia para el sector
Por otro lado, de la Fuente destacó un logro significativo para la industria pesquera argentina: la obtención de una certificación de calidad por parte del Consejo de Administración Marina (MSC, por sus siglas en inglés) para la pesquería de la especie Pluticus muayeli, en aguas de la jurisdicción chubutense. Este proceso de certificación, que llevó más de diez años, involucra una rigurosa evaluación de los protocolos de manejo de los recursos, la trazabilidad de la cadena productiva y el cumplimiento de buenas prácticas en el procesamiento del producto.
El sello MSC es un reconocimiento internacional que garantiza que los productos pesqueros provienen de fuentes sostenibles y bien gestionadas. Este distintivo es altamente valorado por los consumidores, especialmente en mercados exigentes que buscan productos pesqueros de calidad. Según de la Fuente, esta certificación no solo ayuda a la diferenciación del producto en los mercados internacionales, sino que también fomenta la mejora continua de las prácticas de la industria pesquera, asegurando altos estándares de calidad.
El futuro de la pesquería argentina
A pesar de los desafíos económicos actuales, la industria pesquera argentina cuenta con un potencial enorme. Las proyecciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) estiman que las capturas de langostino podrían superar las 200.000 toneladas en 2024. Esto representa una gran oportunidad para la industria, siempre y cuando se logren resolver las tensiones internas, como las que se viven con los sindicatos, y se adapten los costos a la realidad del mercado.
Sin embargo, la falta de acuerdo entre las partes, junto con los altos costos de producción y los impuestos, continúan siendo obstáculos importantes para la sostenibilidad del sector. Como concluye de la Fuente, “las empresas no pueden seguir trabajando a pérdidas”, y el futuro de la temporada de pesca dependerá de la capacidad de todos los actores de la industria para encontrar una solución que permita que la actividad continúe sin comprometer la viabilidad económica de las empresas y el bienestar de los trabajadores.
