La crisis habitacional se profundiza en Puerto Madryn y en otras ciudades del país. Pamela Demes, referente del Sindicato de Inquilinos, alertó sobre el aumento sostenido de lo que denomina “violencias habitacionales”, una forma encubierta de desalojo que se traduce en familias que, ante la imposibilidad de afrontar el costo del alquiler, se ven forzadas a abandonar sus hogares sin que medie una orden judicial o un proceso formal.
“Ya no se trata sólo de desalojos directos. Hoy vivimos una forma de desalojo silencioso. Las familias simplemente no pueden pagar y se van”, explicó Demes. Según detalló, esta situación se agravó en el último año con el desfasaje entre los contratos celebrados bajo la antigua ley de alquileres y los nuevos valores impulsados por la desregulación del mercado.
A este escenario se suma un nuevo artículo incorporado al Código Civil y Comercial por el gobierno nacional, que impone una penalidad del 10 % del valor total del contrato si la familia decide retirarse antes del vencimiento. “Es una medida completamente violenta. Una familia que ya no puede pagar el alquiler, encima debe pagar un 10 % de algo que no va a usar”, sostuvo la referente.
Demes también denunció que, en muchos casos, los propietarios e inmobiliarias incumplen la legislación vigente, cobrando expensas indebidas, realizando arreglos sin autorización y presionando para aumentar los valores por fuera de lo legalmente establecido.
En Puerto Madryn, el panorama se vuelve aún más complejo con alquileres que superan el 50 % e incluso el 70 % del ingreso de una persona. “El costo inicial para acceder a una vivienda ya es inalcanzable para muchas familias: mes de depósito, garantías, honorarios inmobiliarios. Y los aumentos se dan cada tres, cuatro o seis meses, mientras los salarios están completamente desfasados del Índice de Precios al Consumidor, que tuvo un aumento interanual del 111 % en 2024”, explicó.
La consecuencia es visible: personas regresando a sus provincias de origen, familias fragmentadas, y una creciente precarización de la calidad de vida, especialmente entre niños, adolescentes y adultos mayores. “Hay jubilados que no pueden pagar un alquiler decente y terminan viviendo en piezas en condiciones de hacinamiento, como si fueran conventillos o inquilinatos”, describió.
Además del impacto económico, la dirigente subrayó que esta problemática tiene un fuerte componente social. “No estamos hablando solo de números, estamos hablando de derechos vulnerados. Estamos frente a una emergencia habitacional que afecta la dignidad de miles de personas”, enfatizó.
Desde el Sindicato de Inquilinos, vienen trabajando desde 2020 en la elaboración de propuestas, acercándose tanto a legisladores municipales como provinciales. Sin embargo, hasta el momento, no han obtenido respuestas. “No hay voluntad política. Y mientras tanto, la gente se endeuda para poder pagar el alquiler o incluso para comer”, advirtió.
