Ayer se concretó una histórica audiencia pública en Puerto Madryn, donde se debatió el traspaso de siete hectáreas de terrenos municipales al Rugby Club, una acción que está enmarcada en el proceso de doble lectura previsto por la Carta Orgánica local. Esta instancia de participación vecinal, que busca garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, permitió a los vecinos expresar su apoyo o rechazo al traspaso, un mecanismo que no se había implementado anteriormente.
El concejal Hernán Pereira, quien participó activamente de la audiencia, destacó que la implementación de este sistema de doble lectura refuerza la democracia participativa. “Es un avance importante que los vecinos puedan opinar y que haya un proceso claro de votación en dos etapas”, comentó el edil, subrayando la relevancia de que la comunidad tenga voz en estos procesos.
El traspaso de las siete hectáreas, que ya son utilizadas por el Rugby Club para sus actividades deportivas, se enmarca en un convenio firmado entre el club y el municipio. Estas tierras, que pertenecían originalmente al loteo de la Armada Argentina, fueron adjudicadas previamente al club por parte del Estado Nacional. A pesar de las opiniones divididas entre los concejales, la expectativa es que el traspaso sea aprobado en la siguiente votación, debido a que muchos ven en esta medida una oportunidad para fortalecer el desarrollo deportivo en la ciudad.
El bloque del concejal Pereira, aunque parte de la oposición, mostró su apoyo a la iniciativa, coincidiendo con sectores del oficialismo en la necesidad de respaldar la continuidad de las instalaciones del Rugby Club. Sin embargo, el tema generó controversia, ya que algunos sectores de la oposición se mostraron críticos, planteando dudas sobre la transparencia y la correcta asignación de los terrenos públicos.
Además, se abordó otro tema relevante en será tratado en la próxima sesión: el futuro proyecto de loteo en el Ensanche Oeste, que podría transformar 370 hectáreas de tierras de la empresa San Miguel en una nueva zona residencial. Este megaproyecto, que incluye más de 100 lotes, podría albergar a miles de personas, aunque está condicionado a la construcción previa de los servicios básicos como agua, electricidad y gas. Según el concejal, aún falta encontrar inversores privados que financien la infraestructura, lo que podría retrasar el proyecto por varios años.
“Estamos a favor de que las tierras improductivas se ofrezcan para el desarrollo habitacional, pero el problema es que no hay servicios y el proceso de conseguir los inversores puede ser largo”, explicó el concejal. Aunque el proyecto se presenta como una solución para la falta de viviendas en la ciudad, el edil reconoció que su concreción es incierta y dependerá de múltiples factores externos, como la inversión privada y la disponibilidad de recursos.
