Carlos Gómez, secretario adjunto del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Golfo San Jorge, confirmó que la organización no adherirá al paro nacional convocado para este miércoles por la CGT. La decisión fue tomada en un plenario sindical realizado el pasado 28 de marzo, donde se evaluó la situación crítica que atraviesa la cuenca debido a la falta de inversiones, la caída del precio del crudo y el abandono de políticas nacionales que favorezcan a las cuencas maduras.
“Ya estamos parados de hecho desde hace tiempo por las desinversiones. No necesitamos un paro nacional, necesitamos una estrategia concreta que preserve el empleo y garantice la continuidad de la actividad en la cuenca”, afirmó Gómez en diálogo con el medio local.
El dirigente sindical fue enfático al describir el panorama actual: “El precio del barril cayó por debajo de los 70 dólares, lo que compromete seriamente la continuidad de las inversiones. Las operadoras ya han comenzado reestructuraciones y hay retiros voluntarios en varias empresas, mientras que YPF ha decidido enfocarse exclusivamente en Vaca Muerta, abandonando áreas maduras de la región”.
Gómez también criticó la falta de compromiso del gobierno nacional, recordando que durante la presidencia de Alberto Fernández se prometió una ley para proteger las cuencas maduras, la cual nunca se concretó. “Mientras se habilitaron incentivos para Vaca Muerta mediante el DNU 277, nuestra cuenca quedó sin ningún tipo de contención ni ventaja comparativa”, explicó.
En ese contexto, destacó que el sindicato prioriza actualmente preservar el empleo y garantizar condiciones mínimas de estabilidad para los trabajadores. “No podemos permitirnos parar cuando lo que necesitamos es trabajar por una solución. La CGT nacional no va a auxiliar a esta cuenca con un paro simbólico”, remarcó Gómez.
Además, informó que los diputados Ana Clara Romero y Jorge Ávila presentaron en el Congreso un nuevo proyecto de ley para cuencas maduras, buscando obtener respaldo legislativo para sostener las inversiones en regiones olvidadas por el poder central. “Es momento de pensar en una reparación histórica para la Patagonia”, concluyó.
El sindicato, mientras tanto, sigue de cerca las negociaciones con las operadoras y autoridades provinciales para mitigar el impacto de la crisis. “Hoy estamos gestionando reubicaciones de trabajadores y asegurando un salario mínimo convencional de 2 millones de pesos para quienes están en base, en lugar de enfocarnos en medidas que no traerán cambios reales”, sentenció Gómez.
