el Concejo Deliberante recibió una solicitud de juicio político contra el concejal Samuel Alarcón, presentada por un grupo de vecinos. El pedido se centra en un presunto conflicto de intereses tras su voto favorable a la recomposición tarifaria del sistema de transporte público de pasajeros en diciembre del año pasado, en el que se señala que Alarcón, empleado de la empresa de transporte, podría haber incurrido en una incompatibilidad debido a su vínculo laboral con la misma. Cabe aclarar que Alarcón estaba en uso de licencia en el momento en que asumió su cargo como concejal, lo cual es un detalle importante en el análisis de la situación.
En conversación con Martín Ebene, presidente del Concejo Deliberante, se detalló que el pedido de juicio político será analizado por la Comisión de Gobierno, como marca el reglamento interno. En esta instancia, se evaluará si el caso amerita una sanción o una investigación más profunda a través de la Sala de Acusar. “El proceso es claro, pero desde la presidencia considero que este planteamiento no tiene mucho sustento. Existen múltiples situaciones similares entre los concejales, como el caso del concejal Herrero, quien es empleado de una cooperativa, o el de la concejal Barrera, que trabaja para la municipalidad”, expresó Ebene.
La nota presentada por los vecinos también plantea que, en caso de que se considere que el concejal incurrió en alguna falta, la sanción podría ir desde la destitución hasta sanciones administrativas. Sin embargo, Ebene subraya que el juicio político no es una cuestión a resolver directamente desde la presidencia, sino que depende de la decisión de los concejales dentro de la Comisión de Gobierno.
“Es importante destacar que el concejal Alarcón sigue desempeñando sus funciones mientras el proceso se lleva a cabo. No podemos permitir que, por una nota de un vecino, se suspendan las funciones de un concejal sin que antes se haya realizado una investigación adecuada”, explicó el presidente del Concejo.
La Comisión de Gobierno tiene la facultad de analizar el caso, con la participación de todos los concejales, quienes podrán dar su opinión sobre si corresponde abrir un juicio político o aplicar otro tipo de sanción. Según Ebene, el procedimiento no tiene un límite reglamentario, por lo que el tiempo de investigación dependerá de los avances y la valoración de los involucrados.
Además, el presidente del Concejo abordó la cuestión ética en la política, señalando que los concejales deben tomar decisiones basadas en su propio juicio de valores al momento de votar. “Es muy difícil hablar de imparcialidad absoluta. Todos los concejales son vecinos de la ciudad, y como tales, sus votaciones pueden afectar sus propios intereses. Esto no implica que estén actuando de manera incorrecta, pero cada uno debe reflexionar sobre sus decisiones éticamente”, manifestó.
En cuanto a los rumores sobre la posibilidad de ampliar el número de bancas en el Concejo Deliberante, Ebene aclaró que esto no está previsto en la Carta Orgánica, la cual establece un número fijo de concejales para la ciudad. Sin embargo, destacó que cualquier cambio al respecto debería ser evaluado por una comisión constituyente.
Finalmente, se mencionó la posibilidad de un proyecto de código electoral municipal que busque armonizar los mecanismos electorales locales con los cambios nacionales y provinciales. Aunque aún está en desarrollo, se espera que este año se presente una iniciativa en el Concejo para comenzar a trabajar en la actualización del sistema electoral local, lo que incluiría la implementación de la boleta única de papel en las elecciones vecinales y municipales.
