El juez de garantías del Chubut Sergio Piñeda hizo suyo los argumentos del fiscal general de Rawson Fernando Rivarola y rechazó el pedido del juez federal Claudio Bonadío para que la justicia de esta provincia investigue presuntos ilícitos en torno de la construcción de viviendas con fondos federales.
Rivarola había emitido un dictamen propiciando que el juez Piñeda rechace el pedido del juez Federal Claudio Bonadío para que la justicia del Chubut investigue la presunta existencia de sobreprecios en el marco de dos programas de viviendas federales de los años 2004 y 2005. De esta manera, tras conocerse la decisión de Piñeda, ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que deberá resolver cual es la jurisdicción que se hará cargo de la investigación.
En agosto del año pasado el juez Bonadío entendió que la investigación debía realizarlas las justicias de las respectivas provincias. En el caso de Chubut, el pedido del magistrado federal ingresó a la Fiscalía de Rawson, el fiscal general Fernando Rivarola se expidió y el juez de garantías Sergio Piñeda le dio la razón por lo que ahora todo fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rivarola basó su argumentación en que del material remitido no surge que exista una investigación previa que permita identificar los hechos que se investigan, conductas que constituyan el o los delitos y el lugar de la comisión del ilícito. Agrega que “los elementos aportados por el denunciante no permite dilucidar el verdadera alcance delictivo” y que “corresponde al juez que previno (Bonadío) profundizar la investigación para dar más precisión a los sucesos”. La denuncia fue realizada en el año 2006 por el abogado Ricardo Moner Sans.
También Rivarola se basó en un informe que a pedido de la Fiscalía de Rawson realizó el Instituto Provincial de la Vivienda del Chubut, que indica que “las empresas contratistas que llevaron a cabo las obras en cada convenio particular suscripto en los programas federales, en particular Gotti S.A. Austral Construcciones S.A. y Juan Felipe Gancedo S.A. no han resultado contratistas de ese Instituto provincial”.
Se trata del Programa Federal de Construcción de Viviendas del año 2004 y el Programa Plurianual de Construcción de Viviendas del año 2005. La causa está caratulada como “De Vido, Julio Miguel y otro sobre delito de acción pública. La investigación de Bonadío se inició en agosto del año 2007 por la presunta existencia de sobreprecios e irregularidades en la adjudicación de licitaciones para la construcción de viviendas mediante acuerdos del gobierno nacional de entonces y las provincias de Corrientes, Chubut, Rio Negro y Buenos Aires, entre otras. Las obras estaban a cargo de las empresas Gotti Hnos. S.A., Costilla y Austral Construcciones.
Rivarola concluyó en su resolución que “luego de analizar los hechos denunciados, arribo a la conclusión del rechazo de la competencia de esta jurisdicción, por no contar con elementos adecuados y eventualmente calificaciones jurídicas adecuadas a esos hechos”. 
