Testigos de la jornada del jueves en el juicio oral por la causa “Embrujo” contaron al Tribunal aspectos relacionados con el poder adquisitivo del sueldo de Diego Correa considerado el jefe de la asociación ilícita investigada, además de sus intenciones por crear empresas por fuera de su actividad en la Unidad Gobernador y su preocupación cuando comenzó a percatarse de que había en marcha una investigación en su contra.
Antonio Zorrilla es propietario de una inmobiliaria de Rawson y confirmó que el sueldo de Correa al frente de la Unidad Gobernador en el año 2017 era de solo 30.000 pesos y que resultó insuficiente para ser garantía de un departamento en Playa Unión por un costo mensual de 15.000 pesos. Lo narrado por Zorrilla también comprometió a otra de las imputadas, Daniela Souza.
Contó que Souza en abril del año 2016 se acercó a su inmobiliaria con intenciones de alquilar un departamento en una de las mejores zonas de Playa Unión, a muy pocos metros del mar en el complejo El Alamo. El valor del alquiler era de 15.000 pesos y que, por presentar un recibo de sueldo de la empresa Dual Core de 20.000 pesos, se le pidió una garantía. Fue allí que Souza llevó el recibo de sueldo de Correa que al frente de la Unidad Gobernador, cobraba 30.000 pesos mensuales. También resultó insuficiente hasta que apareció Cristian Eguillor, con un sueldo acorde a los requisitos de la inmobiliaria. “Ella venía personalmente a la oficina a pagar el alquiler. Siempre Souza pagó en tiempo y forma. Finalmente desocupó el departamento en febrero del 2018”, dijo Zorrilla en coincidencia con el avance de la investigación para esta última fecha.
Eventos y fiestas
También declaró Carolina Sartaja, una empleada de la Municipalidad de Puerto Madryn dedicada también al protocolo y el ceremonial. Dijo haber sido convocada personalmente por Diego Correa apara trabajar en eventos como por ejemplo fiestas populares o fiestas privadas. La empresa tenía sede en la calle Ameghino de Trelew. Estuve en el lugar pero nunca se hizo ningún evento.
También declaró el comisario inspector Carlos Cerdá, a cargo a fines del año 2017 de las cámaras de monitoreo que refuerzan la seguridad en Rawson. Confirmó que el imputado Rubén “Bedo” Reinoso le pregunto si habían cámaras de seguridad detrás de casa de gobierno. Agregó que el pedido fue entre noviembre y diciembre del año 2017 y que el encargo lo hizo Diego Correa, por entonces al frente de la Unidad Gobernador. El oficial de policía afirmó que es amigo de la infancia de Reinoso y destacó también haber visto la camioneta Hyundai H1 cerca de casa de gobierno.
Por su parte el ministro coordinador Federico Massoni testimonió sobre los datos que aportó a los investigadores para allanar la oficina que ocupaba Sandro Figueroa detrás de la Casa de Gobierno, además de una vivienda en Playa Unión.
