El Gobernador de la provincia del Chubut envió para su tratamiento, en la última sesión de la legislatura provincial, el proyecto de ley de ministerios para su nuevo mandato que comienza el 10 de diciembre.
Datos del proyecto
El proyecto contempla dos cuestiones. Por un lado se establece una nueva estructura ministerial que consta de once ministerios, siete secretarías y 4 entes descentralizados, y por otro lado establece un nuevo índice- a partir del 1° de diciembre de 2019- para determinar el salario del gobernador, personal fuera de nivel y autoridades superiores, concretamente la escala salarial de la planta política del Poder Ejecutivo.
En particular y con la estructura actual, igual de grande que la del proyecto, el nuevo índice salarial tendría impacto en 230 funcionarios políticos aproximadamente.
Para el caso del Gobernador, el proyecto de ley establece que el mismo percibirá dos veces y media (2,5) la remuneración asignada al Procurador General de la Provincia del Chubut, integrada por los rubros de sueldo básico, dedicación funcional y suma fija, remuneración ésta que no podrá ser reducida durante el desempeño de sus funciones por acto de autoridad pero que está sujeta a los aportes previsionales y de la seguridad social, a los tributos en general y a las disminuciones que se dispongan por leyes de carácter general y transitorio extensivas a todos los poderes del estado.
Actualmente el Gobernador cobra un salario, según figura en la web oficial del gobierno, de $55.459,38 y desde los sectores opositores indican que el sueldo que terminaría cobrando el gobernador con el proyecto de ley enviado, oscilaría entre los $600.00 y $800.000, mientras que la información “oficial” difundida en medios, indica que en concepto de sueldo básico el Gobernador percibirá $159.184,10, por dedicación funcional $159.184,10, por suma fija $241.487,50 y por zona $8.251,40. Por los descuentos por ley el Gobernador recibirá un recorte de $103.679,55 en concepto de aportes jubilatorios y obra social, mientras que por Impuesto a las Ganancias la merma será de $103.381,91. Así las cosas el sueldo de bolsillo sería de $361.000. (Fuente Diario El Chubut 5-12-19)
En este escenario y con una hipótesis de mínima, si el sueldo neto del Gobernador pasara de $55.000 a $361.000, esto implicaría un aumento del salario de bolsillo del orden del 600%.
Algunas consideraciones
Es la segunda vez en dos meses (la anterior fue en Septiembre), que el Gobernador envía un proyecto de ley para aumentar los sueldos de toda la planta política de gobierno.
En la primera oportunidad el proyecto fue presentado en el marco de la aguda crisis económica de la provincia y las medidas de fuerza del personal docente, por los reclamos laborales derivados del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Gobierno en su carácter de empleador, medidas que se extendieron por 17 semanas y que implicaron prácticamente la pérdida del ciclo lectivo 2019.
En ese momento, al igual que ahora, todos los salarios de la administración pública se pagaban en rangos, en aquel momento en 3 rangos y hoy en 4, dentro de los cuales entran también los jubilados.
La crisis económica por entonces, es la misma que la actual, el gobierno no paga sus salarios ni jubilaciones en tiempo y forma, como tampoco lo hace con la acuciante deuda que tiene con los proveedores del estado, tiene serias dificultades para cumplir con todas sus obligaciones, incluido los pagos a la obra social SEROS, lo que durante todo el año generó reiterados cortes en las prestaciones a los afiliados, paritarias laborales que no se cumplen y una altísima deuda que complica enormemente el flujo financiero de la provincia.
Qué cambió entonces? Los docentes están en el aula y no hay medidas de fuerza activas, nada más.
Dicho esto, es justo resaltar el atraso que tiene el salario del gobernador y de su planta política y que es imposible sostener que el sueldo de Arcioni, como máxima autoridad política y administrativa de la provincia, sea de $55.000. Es justo también decir que nadie cree que esa suma sea la única que percibe el gobernador, quien además tiene cubierto viáticos, pasajes, gastos de representación y seguramente gastos reservados. Seamos justos, pero no ingenuos.
Recordemos que en el contexto de la crisis que atraviesa la provincia hasta la fecha, no se ha anunciado una sola medida de gobierno, ni del que se termina el 9 de diciembre ni para el que comienza el día 10. Sólo dos datos son relevantes para “imaginar” cuál es el norte del Gobierno de Arcioni: La magia del paternalismo y populismo financiero que espera del presidente electo Alberto Fernández y una ley de ministerios que contempla la Minería con rango ministerial, cuando la provincia tiene una ley que prohíbe expresamente la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. Esto marca claramente el rumbo que el Gobernador pretende darle a la provincia.
La fácil. Que nos mantengan mientras se rematan los recursos de la provincia con un Estado bobo que no puede controlar ni cuánto se liquida de más o en menos, por ejemplo a los docentes, según manifestaron funcionarios oportunamente.
Así está la provincia, fundida.
En este contexto, al igual que en el mes de septiembre, vuelve a aparecer la inoportunidad de pretender un aumento salarial del 600% (en el mejor de los casos) cuando la grave crisis que atraviesa la provincia impide que el estado pague sus salarios en tiempo y forma, sin solución de continuidad y frente a una ausencia total de medidas, al menos anunciadas, que aborden la grave situación económico-financiera.
Dicho esto, el aumento salarial presentado por el proyecto de ley del Gobernador, reviste algún grado de proporcionalidad?
Guarda alguna proporción con relación al porcentaje de los aumentos y paritarias que cobran, en parte, los trabajadores públicos?
Guarda alguna proporción con los recursos y posibilidad de pago que tiene la provincia?
Existe algún indicador económico-financiero que avale un aumento de semejante proporción y para tantos funcionarios?
El gobierno a duras penas paga escalonado el salario a sus trabajadores y no puede ni siquiera indicar una fecha de pago concreta para el aguinaldo, y este aumento que se propone, guarda alguna proporción con las posibilidades de su propia gestión?
Donde no hay proporcionalidad no hay razonabilidad.
Siendo que el impacto y la inoportunidad del aumento salarial pretendido hoy siguen generando el mismo repudio social y de gran parte del arco político, no debería, en el mejor de los casos, presentarse un aumento proporcional acorde al estado de situación económico-financiera de la provincia y a la situación laboral del personal que depende del Poder Ejecutivo?
No debería pensarse en un esquema proporcional, incluso de aumentos graduales y “escalonados”, en consonancia con las disponibilidades de pago de la provincia a mediano y largo plazo?
Ni el atraso en la actualización del salario de la planta política, ni la comparación con los salarios de los otros poderes del estado deben ser la motivación para un aumento- de un día para el otro- del 600% como mínimo en los salarios de la planta política.
Esto inevitablemente genera el rechazo de toda la sociedad.
Por su parte, es cierto que los funcionarios públicos con altas responsabilidades deben estar bien remunerados, al igual que los empleados de carrera en relación con su función.
También es cierto que la mejora de la remuneración tampoco garantiza idoneidad o la posibilidad de sumar mejores cuadros a un gobierno bastante deteriorado en su imagen, su calidad y capacidad de gestión, incluso para salir de la crisis.
Pero sí es claro que un aumento salarial que se precie de tal para el bolsillo de los funcionarios y que acompañe el nivel de responsabilidad que tienen, dada la coyuntura provincial, debe necesariamente guardar un grado de proporción con la misma para ser razonable.
Por último, capítulo aparte es la forma en que se tomó conocimiento del proyecto presentado (pretendidamente camuflado), lo que da cuenta una vez más del desapego que tiene el gobierno provincial por la difusión de la información pública.
Fotos filtradas por algunos medios, partes del proyecto de ley difundidas, silencio del gobierno y ningún portal oficial que difunda todos los proyectos presentados por el gobierno, los vetados y las medidas de gobierno de orden administrativo y presupuestario, para que la sociedad pueda acceder a la misma de forma simple y accesible y ejercer su poder de control.
Chubut, una provincia que ha sido pionera en materia de acceso a la información pública en el año 1992, con la sanción de la ley I Nº 156 (Antes Ley 3764), hoy expresa lo peor del oscurantismo estatal.
El nivel de apertura y difusión de la información pública de un gobierno es directamente proporcional a su voluntad de someterse al control público.
Un gobierno cuestionado por su gestión en relación a la crisis económico-social que padece la provincia y por su falta de acciones concretas para salir de la misma, debe tomar medidas proporcionadas y razonables en relación al crecimiento del gasto, en este caso, el salarial de la planta política.
La crisis que atraviesa la provincia debe atenderse con sentido común, razonabilidad y responsabilidad.
Cecilia Basualdo
Abogada (UBA)
