Tras la sanción de la Ley que crea el Registro Provincial de Empleo en la Sesión legislativa provincial del día martes 3 de diciembre, la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA), manifiesta su más enérgico rechazo a lo que estipula el Articulado de la Norma mencionada.
Implementar una tasa adicional a las ya castigadas empresas, resulta desafortunado e inoportuno en el contexto económico de la Provincia y de la Nación.
Se acrecientan las cargas de por si elevadas e insostenibles, en cuanto a tributos e impuestos que debe afrontar el empresariado chubutense. Recordemos, por ejemplo, que en nuestra Provincia la presión tributaria relacionada con el Impuesto a los Ingresos Brutos hacia el Sector Privado ha crecido desde el 1998 al 2018 un 320%, ubicándola en el segundo escalón a nivel nacional, detrás de Neuquén.
A lo mencionado, debemos agregar el excesivo y discrecional uso de las tasas de habilitación comercial por parte de los estados municipales, calculadas sobre el total de las ventas, como si fuera un impuesto.
La Ley sancionada este martes, establece que las empresas que contraten a ciudadanos nacidos o con residencia de 5 años en Chubut, seguirán aportando el 8 por mil a la Secretaría de Trabajo. Pero aquellas que contraten personal de otra provincia, deberán aportar el doble, es decir, 16 por mil, por ese empleado.
Se ha creado, además, el Registro de Empleo de inscripción obligatoria para los empleadores, quienes deberán abonar una Tasa Mensual equivalente al 5% de la retribución bruta mensual y sumas no remunerativas por cada empleado en relación de dependencia.
Los argumentos de que esta Ley, debe ser evaluada dentro de un contexto socio -económico y laboral tan difícil como actual, son manifiestamente contradictorios ya que de promulgarse la norma, provocará un total desaliento para la contratación de recursos humanos, siendo el resultado completamente opuesto a lo esperado.
Desde CIMA, proclamamos la defensa de las empresas y trabajadores locales, siempre que esa protección no resulte en perjuicio de ninguna de las partes.
Estamos convencidos que la demanda de trabajo es una “demanda derivada” de la producción de bienes y servicios, siendo el ecosistema empresarial, la única manera correcta de crear empleo genuino y crecimiento.
El sector público, encargado de formular políticas para sus ciudadanos, debiera hacer el ejercicio de la imaginación para fomentar el crecimiento y pensar estímulos destinados a crear empresas que, en definitiva, son las dadoras de trabajo.
