A través de una carta, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia le expresó al Gobernador Mario Arcioni que el proyecto presentado por el Ejecutivo desmantelará al Poder Judicial.
Vivas sostiene que la iniciativa del Gobierno no aporta a la independencia, ni a la autarquía, sino que, en cambio, genera condicionamientos que hasta ahora no existían.
El magistrado considera que el proyecto presenta defectos técnicos, operativos y políticos y que es necesario abrir una mesa de diálogo que contemple a los legisladores provinciales.
También le recordó al mandatario provincial que los empleados, funcionarios y magistrados hace dos meses que no cobran sus sueldos.
A continuación transcribimos el texto completo de la misiva:
“Al Sr. Gobernador De la Provincia del Chubut
Esc. Mariano Ezequiel ARCIONI
S / D
De mi consideración:
Me dirijo a usted en mi carácter de Presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut en relación al proyecto denominado “Autarquía Financiera del Poder Legislativo y el Poder Judicial”, el que fuera remitido a la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut para su tratamiento.
En tal carácter, afirmo que el Proyecto no es el resultado de un trabajo técnico, plural y conjunto de los equipos que integran el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
Tampoco ha contado con la opinión de las autoridades del Poder Judicial, de los Colegios de Abogados ni de ninguna otra representación de entidades vinculadas a la justicia, como la Asociación de Magistrados y Funcionarios provinciales o del Sindicato de Trabajadores Judiciales.
No se trata de un proyecto de Autarquía Financiera, sino del diseño para el desmantelamiento de un Poder del Estado, una rama completa del sistema constitucional de gobierno. Además, está defectuosamente diseñado, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el operativo y el político.
Desde lo técnico, vale señalar que el concepto “rentas generales” es extremadamente vago, cuando sabido es que la base de recursos debe contener definiciones claras y precisas. Ello, sin dejar de lado que dichos recursos llegan exhaustos por compromisos previos.
Se pretende hacer ver, engañosamente, que se beneficiará al Poder Judicial otorgándole el manejo de un porcentaje determinado del Presupuesto, pero la medida carece de sustento fáctico, porque los fondos presupuestarios son inciertos y sobre los mismos tampoco hay una rendición pública precisa.
Es decir, el Poder Judicial tendrá que planificar presupuestariamente sobre recursos inciertos, después de deducirse de rentas generales “todos los recursos que tengan afectación específica por ley y los remanentes financieros” que hoy estaría compuesto por todo aquello que no puede pagar el Gobierno.
Desde el punto de vista operativo, y toda vez que el Proyecto señala que comenzaría a regir a partir del mes siguiente a la sanción, implicaría ello una derogación implícita de la actual Ley de Presupuesto del Poder Judicial, cambiando, de la noche a la mañana, las reglas de la ejecución presupuestaria en la mitad del ejercicio. La misma suerte correría, además, la Ley de Recursos Propios del Poder Judicial.
Desde lo político cabe preguntarse: ¿Qué visión institucional proyecta esta norma? Claramente su impacto destruirá, inclusive, el sistema por el cual -actualmente- se cobran los salarios con una mora fenomenal de dos meses. El plan elaborado por el Poder Ejecutivo pone en riesgo la organización y principios sobre los que el Constituyente diseñó las instituciones en la Provincia del Chubut y ataca la independencia del Poder Judicial instalando un mecanismo opaco como mínimo o para no tener recursos como máximo.
También desde el punto de vista político, se aprecia que el momento elegido para poner en discusión el tema no pudo ser más inoportuno, por razón de las circunstancias que atraviesa la Provincia del Chubut, el país y el planeta entero.
Ni hablar de los inconvenientes que propone este Proyecto para la gestión del gobierno que tendrá como socios extraconstitucionales de la acción gubernativa al Legislativo y el Ejecutivo, en el debate de cada ley que apruebe gastos de cualquier índole y que pudieran afectar el presupuesto aprobado o la planificación plurianual, poniendo a todas las ramas de gobierno en debate permanente y continuo en cuestiones que no les son propias.
Finalmente, este Proyecto no aporta a la independencia, ni a la autarquía, sino que, en cambio, genera condicionamientos que hasta ahora no existían.
El Poder Judicial ha sido objeto de escrutinio por entidades que analizan la transparencia y la gestión de los Poderes estatales en todo el país y nos enorgullece estar considerado entre los mejores. No es casual. Es el producto del trabajo comprometido y responsable de Empleados, Funcionarios y Magistrados. Un Proyecto de carácter fundante de una nueva etapa en la historia de las instituciones de gobierno de la Provincia del Chubut justificaba una mesa de trabajo transparente abierta conformada por equipos técnicos y profesionales de gran capacidad y de cara a la sociedad.
Apoya el Superior Tribunal de Justicia las expresiones del Señor Procurador General en su nota del 9 de mayo del 2020, que entiende coincidentes con los ideales y valores que pretende transmitir la presente y ratifica las preguntas que allí se le formulan.
No corresponde otra actitud por parte del Poder Judicial que ofrecer la posibilidad de conformar una mesa de trabajo con la participación de los Sres. Diputados Provinciales para lograr un Proyecto de Autarquía Financiera legítimo y transparente.
Para finalizar, acaso sea preciso recordar al señor Gobernador que, a la fecha, a los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial se les adeuda dos meses de sus remuneraciones.
Sin más, lo saludo atentamente”.
Para acceder a la carta ingrese en el siguiente enlace: Carta al gobernador
