Lo manifestó el diputado nacional de Chubut Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio), tras participar de la sesión que se realizó el miércoles en el Congreso, que estuvo más de dos meses sin funcionar.
El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna (Interbloque UCR-Juntos por el Cambio) manifestó, tras participar en la sesión que la Cámara de Diputados realizó este miércoles después de más de dos meses de inactividad, que “al oficialismo le ha generado comodidad la feria judicial y la ‘suspensión’ de actividades del Congreso invocando la pandemia”, al tiempo que denunció que “se está gobernando por decreto y sin que estén activos en plenitud los controles, frenos y contrapesos del sistema republicano”.
Menna dio argumentos por los cuales indicó que el Congreso “no ha estado funcionando”, y además refutó la calificación de “histórica” que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio a la sesión, solo por el hecho de haberse realizado con la participación virtual, a través de pantallas, de muchos de sus miembros.
Entre los argumentos por los cuales aludió a la falta de funcionamiento del Congreso mencionó la falta de concurrencia del jefe de Gabinete de ministros a dar su informe mensual, y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto establecida a través del DNU 457/2020, calificado de “inconstitucional” por el legislador chubutense.
“Hay una hiperconcentración de atribuciones del Poder Ejecutivo, que ha ganado el centro de la escena. Esta es la característica de un país hiperpresidencialista, lo cual se ha acrecentado en este tiempo”, dijo Menna en declaraciones que formuló también a Radio Ciudad AM 1110 de Buenos Aires.
En este contexto agregó: “El Poder Judicial está en feria desde hace casi tres meses, lo mismo pasa en los Poderes Judiciales provinciales; y el Congreso no ha funcionado”.
“Por funcionar -precisó- se entiende la función que debe cumplir: la discusión política acerca de los problemas argentinos y, además, la producción de leyes”.
Menna explicitó que “las reuniones virtuales de comisión celebradas hasta acá fueron solo informativas y, además, acotadas, porque contra lo que establece el Reglamento, solo tuvieron acceso pleno a las mismas los integrantes de las comisiones y no la totalidad de los legisladores, vulnerando lo que dispone el artículo 105 del Reglamento”.
“Además -continuó- los ministros acudían con el cuestionario previamente remitido a su conocimiento y no se permitieron las repreguntas”, lo cual, dijo, “desmiente el argumento empleado mediáticamente por el presidente de la Cámara, en el sentido que nunca antes desde 1983 habían asistido tantos ministros a las comisiones de la Cámara de Diputados”.
Menna indicó en este contexto que “esto dio lugar a un hecho que sí es histórico: en el presente período ordinario de sesiones solo se ha emitido un solo dictamen de comisión en la Cámara: el de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento del 30 de abril, que despachó favorablemente y por unanimidad el proyecto de Resolución de la Comisión Especial de Modernización Parlamentaria sobre el Protocolo de Funcionamiento Remoto” que este miércoles se aprobó.
Si bien mencionó que la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario que él mismo integra “emitió 20 dictámenes sobre otros tantos DNU, también el 30 de abril, no puede computarse como actividad de la Cámara, ya que la Comisión tiene entidad propia proveniente de la misma Constitución”.
“En el caso del Senado ni siquiera hubo dictámenes hasta el día de la fecha”, agregó.
“Esa es toda la actividad efectiva y conducente en este año parlamentario. Todo ello quebranta el mandato del artículo 63 de la Constitución, que establece que ambas Cámaras se reúnen ‘por sí mismas’ desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año”, añadió.
Menna recordó además que “el 19 de marzo pasó algo grave desde el punto de vista institucional: el presidente de la Cámara dictó una resolución en la que puede leerse que ‘es necesario suspender las actividades’. Ningún instrumento que esté por debajo de la Constitución puede, ni siquiera con acuerdo de toda la Cámara, declinar un mandato de la Constitución”.
En relación con la sesión en sí misma, manifestó: “Es cierto que se aprobaron dos leyes sobre tablas, pero lo lógico y la regla es que un proyecto llegue despachado porque en una comisión se debate, y se escucha a la sociedad civil”.
Histórica para mal
Por ello, “no fue una sesión histórica, como le gusta decir al presidente de la Cámara. El carácter histórico de una sesión lo da el tiempo, y pasa por los temas que se aprueban y se abordan, y no por si es la herramienta presencial o virtual”.
“En realidad -insistió- lo histórico, para mal, es que se haya vulnerado lo que dispone el artículo 63 de la Constitución Nacional, y no se haya convocado en tiempo y forma al trabajo parlamentario”.
“Como puede verse, no a todos los incumplimientos hay que cargarlos a la cuenta de la pandemia”, consideró.
“La actividad quedó prácticamente circunscripta a discutir una cuestión reglamentaria habilitante de sesiones virtuales, en la búsqueda ansiosa por parte de la presidencia de la Cámara del título de ‘sesión histórica’ que, como no podía ser de otra manera, tuiteó desde el estrado a minutos de arrancada la sesión”, agregó.
Sin embargo observó que “previo a la sesión de modalidad virtual, debió haber mediado una sesión presencial para aprobar un protocolo de sesión remota”, ya que “al aprobar el protocolo en una sesión virtual no prevista hasta acá en el Reglamento, el protocolo podría ser tachado de inválido”.
Pantallas
En este marco apuntó que, si bien las medidas preventivas del coronavirus son necesarias, “con empresas que no han podido pagar sueldos, con gente que ha perdido su trabajo; como ocurre con mucha gravedad en Chubut, y con un sector público quebrado -donde desde julio del año pasado se pagan los sueldos de manera escalonada y, siendo 14 de mayo, se deben los sueldos de marzo y de abril-; en este marco tener una parafernalia de pantallas no parece ser la cuestión más republicana”.
Ante ello, dijo que “así como servidores públicos, efectivos de fuerzas de seguridad, personal de salud, camioneros, empleados de supermercados y almacenes de barrio, prestan sus tareas consideras esenciales exponiéndose también al contagio, los diputados, diputadas, senadores y senadoras podemos hacer lo propio. ¿O no consideramos esencial al funcionamiento regular del Poder Legislativo?”.
Ausencia del jefe de Gabinete
Por último, sumó a los argumentos de la falta de funcionamiento del Congreso que “ni siquiera se ha dado cumplimiento al informe mensual que tiene que rendir el jefe de Gabinete de ministros, alternativamente, ante cada una de las Cámaras conforme lo establece el artículo 101 de la Constitución”.
De manera complementaria, sobre el DNU que habilita los “superpoderes” al mismo jefe de Gabinete, graficó: “La atribución de en qué se gasta es del Congreso. Con los superpoderes, el debate sobre la asignación de recursos pierde sentido, porque el Congreso lo aprueba y después el jefe de Gabinete, un funcionario al que no eligió el pueblo, sino el Presidente de la Nación, dice: ‘Voy a sacar este dinero previsto para tal obra, y lo voy a poner para gastar en otra cosa’, no necesariamente en una obra, sino para el gasto corriente del Estado”.
“Esta atribución es la que desnaturaliza el rol del Congreso, la división de poderes y el presupuesto”, explicó.
Recordó que “es una práctica vieja que en la época menemista se dio; y en 2006 se institucionalizó: la Ley de Administración Financiera se modificó y se determinó que el jefe de Gabinete puede cambiar todas las partidas del 100% del presupuesto”.
“Esto rigió hasta el 2016 y generó consecuencias: por ejemplo, se impidió la intervención de los organismos de control, se permitió la hiperconcentración del poder, y facilitó los hechos de corrupción que todos conocemos”, continuó.
“En 2016 se modificó esa ley: el Gobierno se autolimitó y hay que destacarlo. Se bajó esa atribución al 7,5% para 2017 hasta un 5% hasta 2018. Esto es razonable porque en la ejecución del presupuesto, en el día a día, pueden surgir imponderables que requieren una rápida intervención y así disponer de fondos, por ejemplo, para asistencia federal”, explicó.
“Ahora -finalizó- estamos hablando del 100%. Y la verdad es que es un decreto a todas luces inconstitucional”.
