El titular de la oficina local del Ministerio Público Fiscal, Daniel Baéz brindó declaraciones luego del allanamiento realizado esta mañana, en la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) y dijo que “hicimos una serie de allanamientos en el marco de la investigación en la Administración Portuaria de Puerto Madryn, se vienen realizando desde hace un tiempo, ampliamos el espectro de la investigación en cuanto al direccionamiento ilegal de contrataciones, también estamos investigando la presencia de sobreprecios y hoy concretamento lo que buscábamos era documentación de empresas noveles, recientemente formadas y de acuerdo a la información cruzada con otros organismos de contralor como la AFIP, estamos hablando de facturaciones en la Administración de Osvaldo Sala entre 30 y 40 millones. Esta cifra se desprende de los allanamientos de hoy”.
En ese sentido, destacó que “en los allanamientos que realizamos la otra vez también hay un monto similar. Son empresas creada para este fin y como único cliente es la Administración Portuaria. Con montos exorbitantes en algunos casos.”
“En todo este tiempo han trabajado contadores e investigadores de la procuración en el análisis de la documentación, para dar un ejemplo encontramos compras de once ceniceros por valores de 200.000 pesos, tanques de agua por 120.000 pesos y otras obras que se han direccionado con importantes montos”.
Báez sostuvo que “se crearon empresas de construcción, herrería, empresa de servicios, de terrenos, empresas que no tienen una infraestructura con trayectoria de otras empresas que trabajan en la ciudad. Muchos de ellos son monotributistas que facturaban entre 200.000 ó 300.000 pesos por contrataciones directas. No hemos encontrado maniobras relacionadas con la publicidad. Estamos investigando contraciones directas y una administración fraudulenta también. No descartamos asociación ilícita”.
Al respecto, puntualizó que “en las próximas horas serán formalmente imputados, serán entre 8 y 10 personas. Investigamos particulares y personal de la APPM. Son penas que van entre los 6 y 10 años de prisión pero no quiero hablar de esto. Hubo una denuncia del señor Héctor Cuello que era genérica y daba algunas precisiones de compras en establecimientos ganaderos, al poco tiempo recibimos documentación que respaldaba esa denuncia y a partir de ahí iniciamos una investigación. con esa documentación pudimos comenzar a tirar de ese hilo”.
“El Gobierno Provincial no hizo ninguna denuncia, mas allá de que nosotros le damos intervención al Fiscal de Estado cuando haya una imputación concreta. El Gobierno Provincial verá que actitud toma y se pueden constituir en querellantes. Estamos hablando de cifras millonarias superiores a los 30 millones cada uno”
