La causa por las presuntas irregularidades en contratos directos realizados por la anterior gestión al frente del Instituto de Asistencia Social, ingresó en la etapa final en cuanto a los testigos y se espera que en los próximos días a fecha a definir, se escuchen los alegatos por parte del Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa de Alberto Vargas, el único imputado en el caso que se debate en juicio oral y público en la ciudad de Rawson.
Este miércoles declararon empleados y profesionales de ese organismo, además del contador José Luis Velázquez, actualmente con funciones en el Equipo Técnico Multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal del Chubut. Convocado como testigo de la fiscalía de Rawson que llevó adelante la investigación, Velázquez fue el primer técnico idóneo en el que apoyó su trabajo la fiscal general Griselda Encina, en el inicio de la investigación tras la denuncia realizada por la actual conducción del IAS en nombre de Carlos Barbato.
Velazquez trabajó durante 10 años en la Contaduría General de la Provincia y en esta función auditó cuatro balances del Instituto de Asistencia Social, entre otras actividades e investigaciones que también ha realizado en los últimos años, entre las que se destacan pericias contables que han servido como marco del trabajo de fiscales en otras investigaciones penales.
También declararon empleados y profesionales del Instituto, que convocados por el defensor Fabián Gabalachis, dieron cuenta de las reglamentaciones internas y de los pasos internos que siguen los expedientes para la adquisición de bienes o servicios.
El juicio se encuentra en la atapa final en cuento a los testimonios teniendo en cuenta que las partes desistieron de varios de ellos, por lo que se acotó considerablemente la cantidad de testigos de los que originalmente estaba previsto.
El Tribunal de enjuiciamiento está integrado por los jueces José García, Ivana González y Mirta Moreno. Vargas es defendido por el abogado penalista Fabián Gabalachis. En representación de la Fiscalía de Estado en carácter de querellante se encuentra el abogado Martín Castro y por el Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Osvaldo Heiber. Mientras que para Castro, la calificación legal en contra de Vargas es la de “administración infiel contra la administración pública”, para Heiber se trata de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en la modalidad de “abuso de autoridad”.
La causa de Lotería: declararon empleados del IAS y un contador que investigó los expedientes
