La decisión de suspender el pago de las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales fue tomada en 2016 a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Emergencia Económica. Fiscalía de Estado impulsa el reordenamiento administrativo y el pago de sentencias, en los montos posibles que marca esa norma.
El Estado provincial tramitó pagos por $ 45,7 millones en el último año y medio correspondientes a 105 causas, como resultado de la decisión del Poder Ejecutivo de acelerar el procedimiento y cumplir con la cancelación de las sentencias firmes que en 2016 dejaron de abonarse frente a la emergencia financiera de la provincia.
Para revertir esa situación, en julio del año último el gobernador, Mariano Arcioni, emitió el decreto N° 555/21 para incorporar a las misiones del Fiscal de Estado la emisión del acto administrativo que autoriza el pago de sentencias firmes.
Hasta entonces se hacía mediante decreto y esta modificación, aprobada previamente por la Asesoría General de Gobierno, imprimió dinamismo a la emisión del acto administrativo que dispone la mecánica de pago y permitió comenzar a cumplir los mismos con mayor celeridad.
“Cuando asumimos entendimos que era impostergable empezar a ponernos al día con causas que tienen sentencia firme, con condenas ejecutables que quedaron postergadas desde hace muchos años por las situaciones económicas que viene atravesando la provincia. Con el apoyo del gobernador, Mariano Arcioni, que entendió la importancia de la regularización, y del Ministro de Economía, que hizo lugar a nuestro pedido de incorporar partidas presupuestarias para hacer frente a estas situaciones, empezamos a pagar”, destacó el fiscal de Estado, Andrés Giacomone.
Ley de Emergencia
En tal sentido, subrayó la importante tarea que lleva adelante el equipo de profesionales de Fiscalía de Estado y remarcó que el pago de sentencias firmes está en plena ejecución, dentro de las posibilidades que permite la Ley de Emergencia vigente.
“El pago de las condenas no es algo a futuro, lo estamos haciendo. Después de muchísimos años estamos pagando no solo los casos más chicos sino también sentencias que implican sumas muy importantes para el Estado, con los montos posibles que nos marca la Ley de Emergencia”, señaló.
Junto con el fiscal adjunto, Javier Stampone, mantuvieron reuniones con los colegios de abogados de la provincia para informar cuál sería el procedimiento que se pondría en marcha para hacer efectivo el pago de las sentencias que ya estaban presupuestadas y en condiciones de ser abonadas. “Por supuesto que no es algo que vamos a poder terminar este año, pero sí esperamos que entre este año y 2023 podamos hacer frente a la mayor cantidad de causas posibles”, indicó.
Suspensión de pagos
La decisión de suspender el pago de las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenaran al Estado chubutense fue tomada en 2016 a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa del Estado Provincial.
La situación se modificó este tiempo de manera notable: se llevan pagados $ 45 millones en el último año y medio, previendo cumplir con el pago de otros trescientos juicios en entre lo que resta de 2022 y en 2023.
