Trabajo elaborado por la Comisión de Economía, Desarrollo Social y Ambiente del Frente Amplio Socialista
Desde hace muchos años existe un fuerte debate respecto las causas y consecuencias del crónico déficit fiscal en la economía de nuestro país.
Los principales espacios políticos han construido un relato propio respecto de este tema aunque, cuando les ha tocado gobernar ninguno ha podido lograr un equilibrio fiscal duradero.
Para poder analizar este tema es necesario comenzar con la explicación de algunos conceptos básicos que permitirán entender mejor de que se trata el debate planteado, además de neutralizar los mensajes confusos que interesadamente se instalan en la opinión pública.
Lo primero es definir que es el déficit fiscal: se trata de la diferencia entre ingresos que recibe el Estado y los gastos que realiza. Si gasta más de lo que ingresa hay déficit.
Hilando un poco más fino podemos agregar que el déficit primario es el resultado negativo entre ingresos y gastos corrientes sin incluir el pago de intereses de la deuda pública.
Cuando se incluyen los pagos de los intereses de la deuda pública se habla del déficit financiero.
En segundo lugar necesitamos entender que para poder afrontar el tema de manera integral debemos analizar sus dos componentes básicos: ingresos (impuestos y otros ingresos del Estado) y egresos (gasto público y pago de deudas).
Acá vale la pena hacer un paréntesis para ver como varían los relatos antes mencionados y como este debate casi absurdo incide en la falta de resultados frente a este tema.
Por un lado la visión más ortodoxa plantea que el déficit es la madre de todos los problemas económicos de nuestro país. Dentro de esa postura, en general sostienen que la política óptima sería la de recortar fuertemente el gasto público, y a la mismo tiempo bajar impuestos para estimular inversiones que, eventualmente, harían crecer la recaudación. Ante cualquier situación de desacople (déficit) se debería recurrir al endeudamiento para no caer en la cobertura de ese faltante con emisión monetaria. Este modelo sería representativo del “ajuste” ortodoxo que ya conocemos.
Hay una segunda postura, que, con matices, sostiene la teoría de que el Estado no tiene que imponerse límites en el gasto y que la emisión monetaria para sostenerlo no representa un problema ni sería causal de inflación (avalada en general por la izquierda y por sectores del kirchnerismo).
La experiencia en nuestro país muestra que en los últimos 30 años (desde 1993 a 2022 inclusive), 24 años han mostrado déficits y solo 6 superávit. La excepción ha sido el período 2003 a 2008, en los que confluyeron, por un lado el feroz ajuste natural que se dio en el gasto público luego de la crisis 2001, y por el otro el ingreso extraordinario por el boom exportador de materias primas y alimentos durante esos años. Sacando el período indicado, con discursos diferentes, los distintos gobiernos terminan pareciéndose mucho en esta cuestión. (el superávit llegó hasta 2008 el primer año del primer gobierno de Cristina Fernández y luego continuó con 7 años de déficit ininterrumpidos. El gobierno de Macri continuó con 4 años de déficit ininterrumpidos).
Una perspectiva diferente:
Nuestro enfoque frente al déficit fiscal es muy claro: el objetivo es el de alcanzar en el menor tiempo posible una situación de equilibrio y en un plazo un poco mayor un superávit para poder hacer frente al pago de deudas (capital e intereses) sin necesidad de incrementar el endeudamiento externo. El superávit duradero es la herramienta esencial para poner en marcha una política efectiva de desendeudamiento público en el futuro.
La eliminación del déficit tiene requiere un trabajo profundo en dos dimensiones, la del gasto y la de los ingresos.
Respecto de los gastos es necesario de manera inmediata, establecer una política de austeridad. A diferencia de los clásicos programas de ajuste que plantean un recorte indiscriminado de gastos, por austeridad entendemos un esquema cuidadoso de reducción de gastos y del cuidado extremo del uso de fondos públicos para lograr simultáneamente hacer más con menos. En general esto significa no despilfarrar, ahorrar, desactivar la corrupción con su impacto en sobreprecios, dejar de gastar para favorecer a “sectores amigos” (sindicalistas/empresarios/periodistas), y reducir todos los gastos superfluos de la estructura del Estado (incluidas las empresas públicas que no deben ser privatizadas, sino que deben ser administradas profesionalmente con elevados estándares de gestión).
Para lograr un resultado consistente en la contención del gasto que no impacte en una reducción de las prestaciones que el Estado debe garantizar, es necesario implementar un proceso de reingeniería de la Administración Pública Nacional y de las empresas en las cuales el Estado tiene participación. Este proceso comienza redefiniendo cual debe ser el rol del Estado en el Siglo XXI frente a los nuevos desafíos que se presentan en esta época. Luego se deberá definir la estructura adecuada para lograr los objetivos trazados, partiendo de un detallado diagnóstico de la realidad que nos muestre cual es la estructura real con la que contamos al momento de iniciar el proceso.
En el contexto de austeridad y cambios en las estructuras y procesos, se procurará aumentar drásticamente la productividad del sector público. Algunas medidas que surgen de este proceso son:
- Adecuación racional de los planteles hacia el futuro congelando vacantes (impulsando la incorporación gradual de los actuales contratados en reemplazo de quienes se vayan desafectando de las plantas permanentes actuales) priorizando un enfoque basado en la idoneidad de los ingresantes, evitando el ingreso innecesario de nuevos agentes.
- Revisión de todas las actividades y trámites con el objetivo de destrabar y simplificar los circuitos burocráticos que afectan negativamente las actividades productivas del país.
- Jerarquización del personal mediante incentivos de carrera y capacitación permanente.
- Transparencia y control cruzado de todo el proceso de compras y contrataciones.
- Planificación presupuestaria para la reducción concreta de los gastos, estableciendo objetivos definidos cuantitativamente y cualitativamente.
- Reducción sostenida del gasto político en todas sus formas.
- Transformación del sistema de subsidios a la energía y al transporte, con una visión progresiva y federal en su asignación futura.
- Transformación de un segmento de los planes sociales en programas de contraprestaciones laborales, educativas, de formación en oficios y en controles de salud. Separar la asistencia social irremplazable de los programas que potencian las contraprestaciones antes mencionadas.
Al concepto de austeridad logrado en el marco de la reingeniería del Sector público, debemos sumarle las siguientes medidas vinculadas a los ingresos. Por un lado se promueven estímulos al aumento de la producción por incentivos y/o reducciones en las alícuotas y esquemas más accesibles que incentivan el blanqueo de las actividades actuales, y por el otro se logra un incremento de la recaudación directa por mayores controles en áreas de alta evasión vinculada al comercio exterior.
Acciones vinculadas a ingresos de aplicación inmediata:
- Reducción del IVA en las tarifas de servicios públicos en particular a pequeños y medianos consumos particulares y a PYMES y comercios.
- Ampliación de la canasta de productos exentos del IVA en productos de primera necesidad.
- Reformulación del esquema de retenciones a los sectores mineros.
- Sistema de reducción de las retenciones agropecuarias para las producciones incrementales.
- Control exhaustivo para terminar con el contrabando de granos y materias primas.
- Control exhaustivo para terminar con la sobrefacturación de importaciones.
Reforma Tributara profunda:
- Modificar y simplificar el sistema tributario apuntando a un esquema simplificado con menos impuestos y con un esquema progresivo.
- Financiar la reducción de impuestos distorsivos mediante la incorporación definitiva del impuesto a las grandes fortunas y del impuesto a la herencia.
- Redefinición del impuesto a las ganancias y de bienes personales para personas físicas para evitar inconsistencias con el nuevo impuesto a las grandes fortunas. Garantizar la actualización periódica de categorías y mínimos no imponibles en función a evolución de la inflación.
- Definir un esquema específico para reducir la carga tributaria a pequeñas empresas, comercios y a autónomos y monotributistas.
- Reglamentar esquemas de incorporación al blanqueo de empleados a cambio de los beneficios tributarios obtenidos a pequeñas empresas, comercios y a autónomos y monotributistas.
Conclusiones:
Evidentemente la tarea de alcanzar un equilibrio fiscal duradero representa un enorme desafío para nuestro país. Tal vez el paso más difícil sea el de entender que el eterno descalce entre ingresos y egresos requiere, primero, de un cambio de conceptos básicos.
Es necesario terminar con la complicidad histórica con la evasión, la elusión y el injusto y complejo sistema tributario que se ha ido desmadrando. También entender que no alcanza con bajar impuestos únicamente, o de hacer un recorte feroz en el gasto de manera indiscriminada. El cambio necesario requiere de un acuerdo político de largo plazo que debe consensuar una política de Estado en la materia.
Al déficit se lo combate creciendo, reactivando la economía, y esto se logra mejorando el consumo interno, impulsando las PYMES y administrando el Comercio exterior. El mayor nivel de actividad y una reforma tributaria progresiva permiten estimular la actividad privada aumentando la recaudación en un esquema que garantiza una mayor equidad en el esfuerzo tributario.
Es importante entender que el abuso del tamaño e injerencia del Estado es la respuesta insalubre a una economía incapaz de generar un impulso para el sector privado que es constantemente golpeado por las inconsistencias de las políticas implementadas y las crisis resultantes de las mismas.
El progresismo debería tener una postura clara y visible al respecto, entendiendo que el Estado debe tener al equilibrio fiscal como un objetivo importante en el marco de un cambio en el modelo productivo que estimule el desarrollo de un pujante sector privado de empresas locales.
Claudio D´Ermo
Centro Socialista de Puerto Madryn
