En medio de la creciente preocupación de los residentes por la continuidad de obra publica prioritaria, surge un debate en torno al plan de pavimentación municipal y su aparente transparencia y equidad en la selección de las calles a mejorar.
“Es evidente que no hay un plan de pavimentación, porque si lo hubiera, estarían haciendo referencia a él”, declaró uno de los vecinos, reflejando el sentir generalizado de la comunidad. La elección de ciertas calles para la pavimentación parece ser arbitraria, dejando fuera a otras áreas igualmente necesitadas.
El reclamo principal se centra en la necesidad de un criterio claro y equitativo para priorizar las calles a pavimentar. Los residentes exigen que el municipio establezca un plan de pavimentación que dé prioridad a vías cruciales, como aquellas por donde pasa el transporte público, las que conectan barrios o las que enlazan con el centro comercial y los lugares de trabajo.
Además, se destaca la falta de información y asistencia por parte del municipio en aspectos técnicos y administrativos relacionados con la obra. Si bien el pavimento es una obra con cargo al frentista, los vecinos argumentan que la responsabilidad municipal va más allá del simple llamado a licitación. Reclaman una mayor claridad en la determinación de costos y un proceso de prorrateo equitativo, que refleje la verdadera responsabilidad de cada propietario.
La selección de calles para pavimentar parece ser arbitraria, generando interrogantes sobre la falta de un criterio establecido. La calle Perito Moreno fue elegida sin una justificación clara, lo que refuerza la percepción de la ausencia de un plan integral. Los residentes reclaman una planificación transparente y participativa en las obras de pavimentación.
La preocupación surge de la confusión sobre si la mano de obra será proporcionada por empleados municipales o a través de contratistas externos, como los monotributistas. Si bien algunos residentes suponen que los empleados municipales llevarán a cabo la obra, se reconoce que la realidad dista de esta percepción, ya que el municipio ha optado por tercerizar muchas de sus actividades.
Este dilema plantea preguntas sobre el proceso de contratación y licitación para estos proyectos. Si se utilizarán contratistas externos, los vecinos argumentan que debería llevarse a cabo un proceso de licitación pública o privada, o un concurso de precios, según lo establecido por los mecanismos de la administración pública para garantizar la transparencia en la adjudicación de obras.
Además, surge la interrogante sobre quién proporcionará las herramientas, equipos y supervisión necesarios para llevar a cabo la obra. La falta de claridad en estos aspectos alimenta la inquietud de la comunidad y refuerza la demanda de transparencia y participación en la planificación y ejecución de proyectos municipales.
