En un contexto de creciente preocupación, el gobierno de Javier Milei ha presentado un proyecto de ley de presupuesto para 2025 que implica una reducción del 76% en los recursos destinados a la respuesta al VIH, Hepatitis Virales, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TB). Esta decisión pone en riesgo la provisión de medicamentos e insumos vitales para miles de personas que dependen del sistema público de salud.
Durante más de 20 años, el Ministerio de Salud de la Nación es el responsable de la compra y provisión gratuita de tratamientos de alto costo para quienes se atienden en el sector público. Sin embargo, en 2024, la paralización de las compras públicas ya había comenzado a causar faltantes de medicamentos y reactivos esenciales, afectando directamente a la salud de quienes requieren tratamientos continuos. La falta de preservativos y de reactivos para estudios de carga viral y células CD4 ha llevado a situaciones críticas, que se agravan aún más con la propuesta presupuestaria para 2025.
Para el año 2023, la asignación fue de más de 21.2 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto propuesto para 2025 es de apenas 23.1 mil millones, lo que representa un recorte de 75.72% en términos de dólares estadounidenses. Este monto es además 54.31% menor que los 42.4 mil millones propuestos para 2024, que no llegaron a ser aprobados.
A pesar de que el Programa 22 ha experimentado un crecimiento del 8.51% en comparación con 2023, la inflación interanual acumulada ha sido del 209%, lo que hace que este aumento sea insuficiente. En 2023, el Programa 22 representaba el 4.8% del presupuesto total del Ministerio de Salud, mientras que para 2025 se prevé que esta cifra descienda a solo 0.89%.
Las organizaciones del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis han expresado su repudio a esta medida, instando a los legisladores a rechazar el presupuesto propuesto y a aumentar las partidas necesarias para garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos que salvan vidas.
“Las asignaciones presupuestarias que plantea el Poder Ejecutivo no permitirán la adquisición de los recursos necesarios para la prevención y el tratamiento de estas enfermedades, lo que podría resultar en un aumento de nuevos casos, diagnósticos tardíos y mayor mortalidad”, advierten las organizaciones.
La salud pública y los derechos humanos están en juego, y miles de vidas dependen de la respuesta de los legisladores. “La vida no puede esperar”, concluyen, haciendo un urgente llamado a la acción.
