El Consejo de la Magistratura de la provincia decidió solicitar el enjuiciamiento del defensor oficial Lisandro Benítez, tras una serie de episodios que comprometieron su imagen pública y afectaron la confianza en la Justicia. Aunque aún no está suspendido oficialmente, el organismo requirió al Tribunal de Enjuiciamiento una sanción de seis meses, la máxima posible en esta instancia.
Benítez fue protagonista de varios hechos controversiales, entre ellos un control de alcoholemia en el que habría dado positivo. El defensor cuestionó la legalidad del procedimiento, alegando que el alcoholímetro utilizado no estaba homologado por el INTI. Este episodio generó repercusiones públicas y sembró dudas sobre el accionar de la defensoría.
Además, trascendieron otros incidentes que incluyeron enfrentamientos con efectivos policiales, lo que profundizó la preocupación en el ámbito judicial.
En diálogo con la prensa, el presidente del Consejo de la Magistratura, Rafael Lucheli, explicó que el organismo no evaluó el desempeño profesional de Benítez como defensor, sino su comportamiento público, el cual consideraron inadecuado para un funcionario judicial de su jerarquía.
“Todos los magistrados y funcionarios judiciales tenemos la obligación legal y ética de mantener una conducta decorosa, no solo en el ámbito profesional, sino también en la vida pública. Este tipo de actitudes perjudican la imagen de toda la Justicia”, señaló Lucheli.
El caso llegó al Consejo tras una actuación de oficio iniciada por la Defensoría General. Luego, el propio Consejo llevó adelante un sumario en el que se determinó que existían méritos suficientes para solicitar su enjuiciamiento y una suspensión preventiva.
Si bien en algunos medios se difundió que Benítez ya se encontraba suspendido, Lucheli aclaró que esa decisión aún no fue tomada por el Tribunal de Enjuiciamiento. “Nosotros solo podemos pedir la suspensión, no aplicarla. En este momento, el tribunal deberá evaluar nuestra solicitud”, indicó.
El proceso continúa en manos del Tribunal de Enjuiciamiento, que deberá decidir si se aplica la suspensión de seis meses y si corresponde avanzar hacia una posible remoción del cargo.
