El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia presentó este martes una denuncia penal contra el ministro Coordinador, Marcial Paz, el ministro de Infraestructura, Raùl Chicala; y el ministro de Economía, Alejandro Garzonio, por los delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionarios públicoss y omisión de pago con fondos expeditos.
Tras un plenario de delegados del gremio realizado en Trelew, se emitió un comunicado en el que se señala que “realizadas innumerables gestiones por todos los medios posibles para entablar un diálogo razonable y sincero con las autoridades de la Provincial del Chubut en virtud de la situación de crisis general que padecen los servicios públicos de esta Provincia y, en particular, por los graves inconvenientes que vienen sufriendo las cooperativas del interior que son asistidas por medio del Sistema de Compensación Tarifaria de la Ley I N° 26 (ex 1098), el incumplimiento flagrante y descarado de la normativa vigente ha llevado a una situación de colapso mayor a los servicios públicos de las zonas de nuestra Provincia más alejadas de los centros urbanos y de poder, y también ha puesto en una situación insostenible a los compañeros trabajadores que no cobran en forma regular sus haberes mensuales, en muchos casos, desde hace ya 10 meses.”
Según Luz y Fuerza, “el Gobierno ha expuesto una voluntad mediática de diálogo y consenso pero hasta hoy no ha dado respuesta real a los problemas ni ha generado canales de diálogo capaces de trabajar en una solución real y creíble a los conflictos que nos aquejan. No dejamos de reconocer que funcionarios que actualmente ocupan importantes cargos vinculados con nuestro sector han demostrado intenciones de acercamiento, pero ello no se ha traducido en más que algunas reuniones con buenos modos, que no son suficientes para empezar a dar una solución a los problemas de los servicios púbicos provinciales y de nuestros afiliados.”
“Este Sindicato, sin renunciar al diálogo, no ha dejado de hacer todas las presentaciones correspondientes para buscar una solución a la histórica problemática del sector que se ha visto agravada en los últimos tiempos”, agrega el comunicado. “En ese marco hemos presentado en el día de hoy una nueva denuncia penal contra los funcionarios responsables del Sistema de Compensación de Tarifa y de la política de servicios públicos en general”, en relación a Paz, Chicala y Garzonio.
Esta denuncia se suma a una realizada en febrero pasado, en similares términos, contra los funcionarios que se encontraban a cargo del sistema en aquel tiempo. “Hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal que los fondos cuyo destino legal específico es la compensación tarifaria de las cooperativas cuyos costos harían privativo la prestación de servicios esenciales han sido utilizados para fines completamente distintos, incluso, con el propósito de dañar al sistema cooperativo de servicios públicos y a este Sindicato.”
“Esos fondos son aportados por todos los usuarios del servicio eléctrico en la Provincia y su destino, por ley, es la compensación de la tarifa en los lugares más desfavorecidos. No son fondos que pertenezcan a las rentas generales del Gobierno Provincial.”
En otro tramo del comunicado, el gremio señala que “la acefalía en órganos clave para el manejo del sector también complica, y mucho, la gestión y la búsqueda de soluciones. Desde hace varios meses que la Subsecretaría de Servicios Públicos se encuentra vacante, dejando sin conducción a un vasto e importante sector de la Administración.”
“Por todas estas razones, hemos presentado una extensa nota al gobernador Mariano Arcioni en mayo de este año solicitando una reunión y explicando la situación que se viene padeciendo. No hemos recibido respuesta alguna. Ello hasta mereció un pronunciamiento de la Honorable Legislatura Provincial en la que se exhortó al Sr. Gobernador para que acuerde una reunión con nuestro Sindicato.”
En definitiva, hemos realizado y continuaremos realizando todas las acciones que estén a nuestro alcance por el bien de los trabajadores lucifuercistas y también por la salud de los servicios públicos. Seguiremos apostando al diálogo pero también exigiendo y denunciando por todos los medios a nuestro alcance los incumplimiento legales de quienes tienen las responsabilidades sobre el sector de los servicios públicos y reclamando el avance de la Justicia sobre aquellas conductas delictivas que afectan a los servicios esenciales y repercuten sobre nuestros trabajadores”, concluyen los delegados del gremio.
Fuente: http://www.diariojornada.com.ar
